En una intervención en Palma de Mallorca
- La vicesecretaria de Coordinación Sectorial anuncia que el Partido Popular va a registrar una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería con el objetivo de amparar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de rechazar en frontera a inmigrantes irregulares que entren a nado por vía marítima “con toda la legalidad y con todas las garantías”, tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla
- Recuerda que la sentencia del TS consideró legal el rechazo en frontera cuando se producían en un “elemento físico de contención”, es decir, la valla, pero ahora la presión migratoria en Ceuta y Melilla “se está produciendo fundamentalmente por el mar”
- Subraya que la iniciativa cuenta con el aval de la Abogacía del Estado y espera que todos los partidos con representación en las Cámaras apoyen la reforma
- Denuncia el aumento exponencial de la inmigración irregular en Baleares, donde el año pasado 7.500 personas entraron de forma irregular cuando en 2018 eran 700, “diez veces más”. “La mayor parte de las rutas de inmigración irregular en Europa están disminuyendo, pero la ruta balear, la denominada ruta argelina, está aumentando”, subraya
- Sostiene que “cualquier país que se quiera tomar en serio a sí mismo tiene que proteger sus fronteras” y reprocha al presidente del Gobierno que “prefiera marcharse a Francia a pedir perdón inventando una polémica diplomática, en lugar de trabajar con países que podrían ayudarnos a controlar mucho más los problemas de la inmigración irregular”
- Denuncia “un repliegue del Estado” en Baleares, porque “las condiciones para venir a trabajar aquí cada vez son más complicadas” para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros empleados públicos: “Si no protegemos a las personas que nos protegen, ¿qué estamos haciendo con nosotros mismos?”
- Advierte de que “cuando la inmigración irregular lo arrasa todo, hay problemas de seguridad, de vivienda, de servicios públicos, hay problemas en muchos ámbitos”, y sostiene que la gestión pública “está muy mal organizada”
- Señala el desbordamiento en Baleares de la regularización masiva aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez: “Las previsiones eran unas 10.000 personas, ahora son 33.000”
- Concluye que el problema “no es una cuestión económica, aunque sea relevante, sino una cuestión de voluntad política”, y reivindica que el PP tiene “una voluntad clara de afrontar el problema de la inmigración irregular, en línea con lo que ya está haciendo con Europa, con la problemática específica que tiene Baleares y en concreto con las llegadas por mar”
