Montserrat invoca el Tratado de la Unión Europea y la obligación
de independencia del poder judicial y del Ministerio Fiscal
“La Comisión Europea no puede mirar hacia otro lado cuando en
un país miembro el Gobierno utiliza al Ministerio Fiscal como
arma política”
La vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria
general del PPE, Dolors Montserrat, ha urgido hoy a la Comisión Europea a
que se pronuncie sobre la operación diseñada presuntamente por el Gobierno
por utilizar a la Fiscalía General del Estado con fines políticos.
Esta petición se produce después de la apertura de procedimiento abreviado
contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del
magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado,
al considerar confirmados los indicios de presunto delito de revelación de
secretos sobre un particular siguiendo “indicaciones” de la Presidencia del
Gobierno
“Este caso revela una corrupción institucional sin precedentes: el uso del poder
del Estado para destruir a rivales políticos utilizando a la Fiscalía. Es la prueba
más grave hasta la fecha de la colonización institucional por parte del
Gobierno. No hablamos de errores, hablamos de una operación política que
ha quedado al descubierto”, subrayó.
En una pregunta parlamentaria, Montserrat pone en conocimiento del
Ejecutivo comunitario que el auto judicial señala que la instrucción permite
presumir que, “de Presidencia del Gobierno, se recibieron instrucciones para
hacer un uso político de la información de que pudieran disponer”. “La
revelación de secretos se produce “a raíz de indicaciones recibidas de
Presidencia del Gobierno (…) con la finalidad de ganar el relato”.
“Pese a la gravedad de los hechos y de la posibilidad de penas de prisión e
inhabilitación, el Fiscal General no ha dimitido y mantiene el apoyo explícito
del Gobierno”, subraya.
VULERNARCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL ESTADO DE DERECHO
Por esta razón, reclama a la Comisión que se pronuncie sobre si se podrían
vulnerar los principios del Estado de derecho recogidos en el Tratado de la
Unión Europea, en particular la independencia del poder judicial y del
Ministerio Fiscal.
“¿Preocupa a la Comisión un uso del Ministerio Fiscal en una operación de
Estado destinada a destruir a un adversario en contradicción con las
recomendaciones del Mecanismo de Estado de Derecho que exigen
autonomía y neutralidad?”, pregunta expresamente Montserrat.
Para la líder popular, la Comisión no puede quedar ajena al escándalo sin
precedentes en Europa de un Fiscal General imputado, y le pide solicitar
información adicional al Gobierno español e incluir los últimos desarrollos en
su próximo informe sobre el Estado de Derecho en España, que se publicará
el próximo mes.
