En la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
El diputado del GPP Juan Antonio Rojas insta al Gobierno a “adaptar el marco laboral a la realidad del transporte marítimo, actuar con urgencia, reforzar la competitividad del registro español y, sobre todo, a proteger el empleo de la gente de mar española”
Advierte de la importancia de actuar con urgencia, al tiempo que avisa que “entre 2024 y 2030 podrían desaparecer decenas de buques adicionales bajo bandera española”. “No estamos hablando de barcos, estamos hablando de empleo, de oportunidades para nuestros jóvenes y estabilidad para el sector marítimo”, agrega
Recuerda que en abril de 2024 la Comisión de Transportes aprobó una PNL, impulsada por el PP, para mejorar la competitividad del registro español. “Muchas de esas medidas dependían del Ministerio de Trabajo y casi dos años después no se ha corregido el problema y los datos han empeorado”, señala
La portavoz del GPP en la Comisión de Trabajo, Isabel Prieto, pide al Ejecutivo la elaboración de un plan estratégico para mejorar la productividad de las empresas y que atraiga y fidelice talento, y que además contemple su impacto presupuestario, los recursos asignados, las fuentes de financiación y una evaluación periódica de los resultados
Denuncia que no basta con “anunciar medidas vacías” por parte del Gobierno de Sánchez, sino que “es necesario financiar los planes y contar con recursos efectivos para que las medidas sean eficaces y realmente ayuden a los trabajadores y a las empresas”
Señala que, para atraer y fidelizar talento, no basta con mejorar los salarios, sino que es clave “fomentar la formación continua, la flexibilidad laboral, un buen clima de trabajo, el reconocimiento y el bienestar de los empleados”, para así retener el conocimiento, motivar al equipo y aumentar la competitividad
La diputada del GPP Macarena Lorente señala que la normativa sobre prevención de riesgos laborales para las empleadas del hogar ha sido mal diseñada, porque impone obligaciones imposibles de cumplir para familias, personas mayores y trabajadoras, generando confusión, estrés y más economía sumergida
Subraya que la política responsable debe proteger a ambas partes: a las trabajadoras que necesitan complementar ingresos y a las familias y personas mayores que requieren apoyo, evitando cargas burocráticas excesivas y garantizando claridad, recursos y orientación
Exige al Gobierno “menos improvisación y más rigor legislativo”, así como medidas que incentiven la creación de empleo y faciliten la conciliación y la autonomía de los ciudadanos, para que la legislación realmente cumpla su objetivo de proteger a todos
