En una moción que será aprobada en el Pleno del Senado

• El Pleno del Senado aprobará este miércoles en el Pleno del Senado una moción del Grupo Parlamentario Popular que incluye un paquete de 14 medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra en Irán en los bolsillos de los españoles frente a la total inacción del Gobierno.
• En la iniciativa, defendida por los senadores Gerardo Camps y José Manuel Barreiro, los populares exigen al Ejecutivo una rebaja inmediata de la factura eléctrica y energética del consumidor final, con medidas para la fijación de precios del recibo de la luz en base a una fiscalidad eficiente, con medidas de reducción de impuestos y de cargos regulatorios.
• Entre las medidas, destaca la reducción del tipo de gravamen del Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) al 0 por ciento para actuar de forma directa e inmediata sobre la formación de precios en el mercado mayorista de electricidad.
• Durante su intervención, Gerardo Camps avisa que desde que

comenzó el conflicto en Oriente Medio el Gobierno “no ha tomado ni una sola decisión para aliviar nuestros bolsillos”, mientras el precio de la electricidad en el mercado mayorista “se multiplicaba por nueve, el gasóleo subía cerca de un 30% y el barril de Brent ha alcanzado los 100 dólares.

• En este contexto, el portavoz adjunto del GPP pone de manifiesto que ante las consecuencias de esta guerra que ya “aprietan el cinturón de los españoles, el Gobierno hace caja a costa de lo que sea y de quien sea”.
• En concreto, el portavoz de Presupuestos se refiere a la negativa de Sánchez a ajustar los efectos de la inflación al IRPF. “La realidad es que las familias se empobrecen y el Estado recauda más; y el resultado: la inflación convertida en un instrumento de recaudación y la avaricia fiscal en una forma de gobierno”, critica.
• Ante este escenario, el senador valenciano explica que las medidas que propone su Grupo son “exactamente las mismas” que el Ejecutivo llevó a cabo durante la invasión a Ucrania: Bajada del IVA, la bonificación de los combustibles o la suspensión de determinados impuestos. Así, se pregunta si aquellas decisiones “eran buenas entonces y ahora o no; o el problema es que ahora las propone la oposición”.
• En este contexto, que requiere decisiones inmediatas, Gerardo Camps censura con rotundidad la nula respuesta de Pedro Sánchez, quién, a pesar de que entre los suyos lo presenten como un “superhéroe sin superpoderes”, la única realidad es que tiene previsto una comparecencia el día 25 -veintisiete días después del inicio de la crisis-

. “Seguimos sin decreto. Sin fechas. Sin cifras. Sin compromisos. Mucho ruido. Cero decisiones. Un Gobierno que que anuncia, que rectifica…pero que no gobierna”, remacha.

• Y, entre tanto, el popular lamenta que Sánchez sí ha tenido tiempo para dar mítines criticando a los que no piensan igual o anunciando una nueva aplicación móvil inservible “cuando no hay ni una sola medida aprobada” para afrontar esta crisis internacional.
• “Los españoles necesitan que alguien les devuelva una parte de lo que la inflación y años de mala gestión de este Gobierno les ha quitado”, por ello recalca que el PP plantea 14 medidas “sin insultos, sin descalificaciones” enfocadas en todos los españoles.

FRENTE A LA CONFUSIÓN, EL PP PLANTEA SOLUCIONES

• Por su parte, José Manuel Barreiro, critica el uso que han hecho de la guerra la mayor parte de los grupos parlamentarios durante el debate con el objetivo de “tratar de confundir a la Cámara y a los españoles”.
• “¿Quién puede estar a favor de un conflicto internacional como el que se está dando en este momento en Irán? Nadie”, contesta a los senadores al tiempo que les pregunta si “miramos para otro lado”. Por eso, recalca que el PP plantea “soluciones” en un momento donde “la situación de las familias españolas es de extrema gravedad”.
• En este sentido, Barreiro invita al resto de senadores a que “vayan con su discurso y se sienten con los taxistas, los agricultores y las familias y vean lo que les contestan”.
• El portavoz adjunto del PP pone en valor la batería de medidas para aminorar los efectos del conflicto entre la sociedad con cuestiones elementales como: actuar sobre la imposición indirecta que afecta a la producción de energía; sobre la imposición indirecta que afecta al propio consumo de energía; y sobre la situación y la repercusión fiscal en la renta de las familias para deflactar la tarifa del impuesto.
• El senador lucense subraya que la iniciativa del PP “va de cómo viven los españoles”, mientras que ahora se produce “una paradoja muy preocupante: la economía crece, pero los españoles trabajando igual, o, incluso más, viven peor”.
• “O nos centramos en resolver el problema que tienen las familias y la sociedad española, o lo haremos en lo que ustedes están: que el Gobierno siga haciendo caja a costa de todos los españoles”, finaliza José Manuel Barreiro.

ADJUNTAMOS EL PAQUETE DE MEDIDAS DEL PP

1. Establecer de forma permanente un tipo 0 por ciento en el Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).
2. Establecer el ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, destinado a financiar los costes del sistema eléctrico previstos en el artículo 13 de la Ley del Sector Eléctrico en un máximo de 1.500 millones de euros.
3. Aplicar, por un periodo de tres meses ampliable en función de la evolución de los precios del mercado mayorista de la electricidad, el tipo del 10 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica efectuadas a favor de:

• Titulares de contratos de suministro de electricidad, cuya potencia contratada (término fijo de potencia) sea inferior o igual a 10 kW, con independencia del nivel de tensión del suministro y la modalidad de contratación.
  • Titulares de contratos de suministro de electricidad que sean perceptores del bono social de electricidad o del PVPC y tengan reconocida la condición de vulnerable severo o vulnerable severo en riesgo de exclusión social, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.
• Aplicar, por un periodo de tres meses ampliable en función de la evolución del precio del mercado mayorista del gas, el tipo del 10 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural.
• Aplicar, por un periodo de tres meses ampliable en función de la evolución de los precios de la energía, el tipo del 10 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de hueso de aceituna, briquetas y «pellets» procedentes de la biomasa y a la madera para leña.
• Aplicar una reducción temporal y extraordinaria desde el 21% al 10% en el Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gasolina, gasóleo y gasóleo agrícola destinadas al consumo en territorio español. Dicha reducción se aplicará durante tres meses, ampliables en función de la evolución del precio mensual del barril de Brent.
• Establecer, por un periodo de tres meses ampliable en función de la evolución del precio mensual del barril de Brent, una bonificación extraordinaria equivalente al 11% del precio del litro en la adquisición de combustibles de automoción y agrarios. Esta media incluirá de forma explícita a los sectores:
  • Transporte de mercancías y viajeros (Gasóleo Profesional).
  • Sector del Autotaxi, incluyendo todos los combustibles de gasolina, gasoil, GNC/GLP para

vehículos híbridos.

• Motores agrícolas forestales, de embarcaciones y maquinaria empleada en agricultura, horticultura, ganadería, silvicultura, pesca y embarcaciones siempre que no sean de recreo (Gasóleo B).
  • Para la adecuada implementación de la medida, el Gobierno habilitará un sistema de gestión ágil, preferiblemente mediante la devolución mensual de las cuantías bonificadas a través de la Agencia Tributaria, utilizando como base las tarjetas de suministro profesional o las facturas debidamente acreditadas para aquellos subsectores que no dispongan de tarjeta específica.
• Devolver parte del esfuerzo fiscal realizado por las familias españolas en los últimos años mediante la actualización de los parámetros del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y actualización de los mínimos personales y familiares en los siguientes términos:
  • Situar el mínimo personal, con carácter general, a 6.105 euros anuales.
  • Duplicar los mínimos por descendientes, quedando fijados en:
• 4.800 euros anuales por el primero.
• 5.400 euros anuales por el segundo. o 8.000 euros anuales por el tercero.
• 9.000 euros anuales por el cuarto y siguientes.

• Deflactar de forma escalonada de los tramos de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: o Incremento del 10% para el primer tramo de la base liquidable hasta situarse en 13.695 euros. o Incremento del 5% para el segundo tramo de la base liquidable hasta situarse en 21.210 euros.
• Incremento del 3% para el tercer tramo de la base liquidable hasta situarse en 36.256 euros.
  • Actualizar en un 2,7% para el periodo impositivo de 2026 los restantes límites máximos y umbrales de renta, base o magnitud equivalente previstos en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que, estando expresados en euros, condicionen el acceso, la aplicación, la cuantificación o el mantenimiento de reducciones, deducciones, exenciones, compensaciones o cualesquiera otros beneficios fiscales, cuando su falta de actualización pudiera erosionar la capacidad económica real del contribuyente.
  • Proceder, con efectos desde el 1 de enero de 2026, a la adaptación de las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicables a los rendimientos del trabajo, a fin de que el ahorro fiscal derivado de estas medidas tenga un impacto automático e inmediato en la economía familiar y se refleje directamente en la nómina de los trabajadores.
• Establecer una bonificación permanente de un 80% en el coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad que tienen que asumir las empresas que cuentan con el certificado de consumidor electrointensivo.
• Revisar el mecanismo de compensación a las industrias en riesgo de fuga de carbono, estableciendo en un máximo de 3 meses un sistema automático de actualización de parámetros vinculados a emisiones de gases de efecto invernadero, sus costes de operación y mantenimiento y ajustes de mercado, que evite errores de cálculo y retrasos administrativos que perjudiquen la competitividad industrial.
• Modificar el Estatuto de los consumidores electrointensivos para asegurar que las industrias en España puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado europeo, incrementando la dotación presupuestaria para las ayudas al sector hasta el límite del 25% de los ingresos de derechos de emisión de CO2, conforme a lo permitido por la Directiva Europea.
• Establecer, en el plazo de un mes, las siguientes medidas de impulso a la cogeneración:
  • Convocar la subasta de cogeneración hasta 1.200 megavatios de potencia en el primer

semestre de 2026.

• Extender la retribución regulada durante al menos dos años para aquellas instalaciones de cogeneración que hayan agotado su periodo de vida útil regulatoria, mientras no se resuelva la convocatoria de las subastas previstas.
  • Modificar la fórmula de cálculo de la retribución regulada de forma que, con el ajuste

metodológico necesario, se cubran los costes y no pierdan retribución las cogeneraciones.

• Incrementar las dotaciones presupuestarias y agilizar los pagos destinados a la transformación de la cogeneración para la sustitución del gas natural y otros combustibles fósiles por biometano, biomasa e hidrógeno.
  • Realizar las mejoras regulatorias necesarias para facilitar la hibridación de la cogeneración

con otras tecnologías renovables.

• Elaborar un Estatuto de consumidores calorintensivos que reconozca las particularidades de aquellos consumidores industriales de alta demanda térmica en sus procesos.
• Devolución de los sobrecostes de los Servicios de Ajuste por el modo reforzado posterior al apagón a la industria, en la cuantía que excedan los costes de los servicios de ajuste de antes del colapso sistémico del 28 de abril. En ese sentido la CNMC supervisará la operación del sistema eléctrico, con el objetivo de hacer seguimiento de los criterios aplicados e identificar las circunstancias que justifican la aplicación del modo reforzado, así como la publicación de los sobrecostes generados en el mercado derivados de la operación reforzada. Mensualmente, la CNMC verificará el cumplimiento de las circunstancias que justifican el mantenimiento de la Operación Reforzada y la correcta aplicación de los criterios de operación asociados a la misma.”