El PP rechaza la ley de economía social por “confusa e ideológica” y advierte de efectos negativos para cooperativas y ciudadanos 

En el Pleno del Congreso 

• La diputada del Grupo Popular, Violante Tomás, rechaza la ley de economía social, ya que considera que el texto “llega tarde, está mal planteado y no tiene el consenso necesario”, perdiendo una oportunidad clave para el sector
• Advierte de que dicha norma “gustará a algunos, pero va a perjudicar a muchos”, y señalade manera especial a las cooperativas, que -según denuncian- han quedado al margen de un debate fundamental como es la actualización de su régimen fiscal 
• Critica que el Gobierno haya priorizado la “aritmética parlamentaria” sobre el interés general, dando lugar a una ley “confusa, incoherente y generadora de inseguridad jurídica”. En su opinión, el texto es un “cajón de sastre” que mezcla materias inconexas con fines políticos 
• “El PP defiende una economía social basada en resultados, impacto real y rendición de cuentas, y recuerda que, al competir en el mercado con ayudas públicas, debe exigirse el cumplimiento efectivo de sus objetivos”, defiende al tiempo que sentencia que “la economía social no puede ser un eslogan ni un instrumento ideológico”
• Destaca el papel “responsable” del PP durante la tramitación, asegurando que no ha bloqueado la ley y ha presentado propuestas para mejorarla, basadas en la escucha al sector, que, en sus principales demandas, figuran la reducción de cargas administrativas, mayor seguridad jurídica y más capacidad para mejorar el impacto social 
• Muestra su preocupación por el impacto en el sector primario y advierte de que cooperativas agroalimentarias, sociedades agrarias y cofradías de pescadores necesitan “meno trabas, incertidumbre y más confianza”
• Desde el Partido Popular estaremos muy atentos a la aplicación de esta ley y a los previsibles efectos adversos que pueda generar, asegura. “Si estos se confirman, cuando lleguemos al Gobierno de la mano de nuestro presidente, Núñez Feijóo, impulsaremos las reformas necesarias para proteger el interés general y avanzar hacia una economía social integradora que sitúe en el centro a las personas, su bienestar y su futuro”, concluye