En una batería de preguntas ante la Comisión Europea
El Partido Popular ha llevado a la Comisión Europea la trama de corrupción relacionada con la autorización de proyectos de energías renovables durante la etapa de Teresa Ribera al frente del Ministerio para la Transición Ecológica.
La secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, y los eurodiputados Elena Nevado y Borja Giménez Larraz han registrado tres preguntas parlamentarias dirigidas a la Comisión Europea para que Bruselas investigue posibles vulneraciones del Derecho de la Unión en la concesión de autorizaciones ambientales y el posible trato de favor a determinadas empresas del sector energético en concreto en Extremadura y Aragón.
El Partido Popular considera que la acumulación de investigaciones judiciales y detenciones relacionadas con decisiones adoptadas durante la etapa de Ribera al frente del Ministerio de Transición Ecológica genera serias dudas sobre la gestión realizada entonces y sobre las garantías de que se respetaron plenamente las normas europeas. Por ello, en una primera pregunta han solicitado a la Comisión Europea que pida explicaciones a la
actual comisaria Teresa Ribera sobre su gestión durante ese periodo y sobre las medidas adoptadas para asegurar el respeto del Derecho de la Unión.
La iniciativa se produce tras conocerse la media docena de detenciones practicadas por la Guardia Civil esta semana, una de ellas de un exalto cargo de Teresa Ribera durante su etapa en el Ministerio de Transición Ecológica que cobraba sus favores con participaciones en empresas del grupo
En otra de las preguntas, las eurodiputadas solicitan a la Comisión que investigue la posible vulneración de la normativa medioambiental europea en la autorización de una planta fotovoltaica en una zona protegida de la Red Natura 2000 en Alcántara (Cáceres), que además habría recibido financiación europea a través de fondos FEDER.
La tercera pregunta se refiere a la detención de este antiguo alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, investigado por presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en relación con la autorización de proyectos energéticos especialmente en Teruel (Aragón). Según las informaciones publicadas, este responsable habría centralizado la tramitación de evaluaciones ambientales de determinados proyectos empresariales de Forestalia, lo que habría facilitado su aprobación.
