En la Comisión Mixta para el estudio de los problemas de las adicciones
- La portavoz de Trabajo del GPP en el Congreso, Isabel Prieto, alerta del vacío normativo existente en España para integrar las adicciones en la evaluación de riesgos laborales, recordando que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud
- Señala que actualmente no existe una guía técnica oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que aborde este problema de forma específica, lo que obliga a las empresas a recurrir a normativas generales insuficientes
- Por ello, reclama herramientas claras -protocolos, cuestionarios, encuestas anónimas y programas de ayuda al empleado- que permitan identificar riesgos psicosociales y actuar antes de que se produzcan situaciones de peligro o accidentes laborales, por lo que insta al Gobierno a aprobar con urgencia una guía oficial y un marco unificado, elaborado con diálogo social y la participación de las comunidades autónomas
- Por su parte, la diputada del GPP Cristina Moreno denuncia la parálisis del Gobierno en materia de Salud Pública y Adicciones, al tiempo que recuerda que la Estrategia Nacional sobre Adicciones lleva año y medio caducada y que el Ministerio de Sanidad no ha presentado un nuevo marco estratégico, ni un calendario, ni una memoria económica que garantice su aplicación
- Añade que esta falta de planificación se suma al “caos” que atraviesa el ámbito sanitario, con retrasos acumulados, ausencia de consensos y un Ministerio incapaz de ofrecer respuestas a profesionales y pacientes
- Reclama modernizar los sistemas de información sobre adicciones, reforzar el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, mejorar la interoperabilidad de datos, incorporar de forma sistemática las adicciones comportamentales y garantizar una coordinación real con los recursos de salud mental
- Por todo ello, exige al Gobierno que presente de manera urgente una nueva Estrategia Nacional sobre Adicciones, dotada de financiación suficiente y construida con diálogo social y participación de las comunidades autónomas, porque “las adicciones no pueden esperar más”
