En la Comisión de Asuntos Exteriores
- El diputado del GPP, Manuel García Félix, explica que la iniciativa surge como respuesta a las declaraciones del ministro de Exteriores sobre pedir perdón por la conquista de México. Señala que un ministro habla en nombre de todos los españoles y defiende que la presencia española en América fue un proceso complejo que generó una nueva realidad mestiza en lo biológico, cultural, jurídico y espiritual, y no un episodio plano de opresión
- Citando a Octavio Paz, subraya que México y España están históricamente entrelazados. Explica que el PP propone rechazar las palabras del ministro por perjudicar la imagen internacional de España, reivindicar el legado hispánico como obra civilizadora, promover una estrategia diplomática y cultural basada en el rigor histórico y defender en foros internacionales la memoria legítima de España desde el orgullo y la cooperación con América
- Sostiene que pedir perdón por la propia historia no fortalece las relaciones bilaterales y alimenta una narrativa de culpa que divide. Defiende que España debe conocer y explicar su historia con rigor, valorar su legado sin complejos y mantener una relación con América basada en el respeto mutuo. Dicha iniciativa popular no ha sido aprobada
- La portavoz adjunta en el Congreso, Marta González, defiende que la iniciativa del PP busca condenar “de forma clara y sin ambigüedades” la represión del régimen de Irán contra su propia población. Señala que las protestas protagonizadas por mujeres y jóvenes reflejan un “grito de libertad” frente a un sistema que limita derechos fundamentales, y vincula esta denuncia con la defensa de la igualdad de la mujer y el rechazo a símbolos que, en su opinión, representan imposición y desigualdad
- Advierte además de un deterioro general de la situación política, económica y social en el país, con protestas masivas desde finales de 2025 y una respuesta marcada por detenciones, torturas y condenas a muerte. En este contexto, cita datos de Amnistía Internacional sobre decenas de manifestantes que se enfrentan a ejecuciones tras procesos sin garantías, así como denuncias de miles de fallecidos y detenidos. Recuerda nuevas condenas contra la premio Nobel Narges Mohammadi, símbolo de la persecución contra activistas y voces críticas
- El PP insta al Gobierno español a exigir el fin inmediato de las violaciones de derechos humanos, la liberación de los detenidos por protestar pacíficamente y la suspensión de la pena de muerte. Asimismo, solicita promover investigaciones internacionales independientes, reforzar sanciones y apoyar la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, además de verificar si existen ciudadanos españoles afectados y activar los mecanismos de protección consular correspondientes.
- La diputada del GPP, Maribel Sánchez, señala que la iniciativa defiende la libertad religiosa como un derecho humano fundamental, reconocido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, y como indicador de calidad democrática. Advierte de que, aún hoy, millones de personas son perseguidas por sus creencias o por no tener ninguna.
- Según el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2025 de Ayuda a la Iglesia Necesitada, más de 5.400 millones de personas viven en países con graves vulneraciones de este derecho, y Open Doors cifra en más de 365 millones los cristianos que sufren altos niveles de persecución. Cita denuncias de Amnistía Internacional sobre asesinatos, atentados contra iglesias y violencia en países como Nigeria, Siria, Burkina Faso, India, Pakistán o la República del Congo, subrayando que no son hechos aislados, sino ligados a conflictos, terrorismo y regímenes autoritarios.
- Reclama que España refuerce su acción diplomática en defensa de la libertad religiosa, impulse condenas en la UE, el Consejo de Europa y la ONU, apoye mecanismos internacionales de justicia y vincule acuerdos internacionales al respeto de los derechos humanos, para prevenir también la migración forzosa por persecución religiosa. Insiste en que la iniciativa busca proteger un principio universal, no privilegios para una confesión
