El Partido Popular ha registrado una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea por el colapso de la línea de alta velocidad Madrid- Málaga, fuera de servicio desde hace más de tres meses. Los eurodiputados exigen a Bruselas que determine si España está incumpliendo sus obligaciones de mantenimiento, seguridad y continuidad operativa en una infraestructura cofinanciada con fondos europeos.
Desde el PP en el Parlamento Europeo cuestionan que ADIF haya aplazado por tercera vez la reapertura de un corredor que forma parte de la Red Transeuropea de Transportes (TEN- T) y para el que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedió un préstamo de 350 millones de euros en enero de 2025.
La línea lleva fuera de servicio desde el 18 de enero de 2026. El accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, y un posterior desprendimiento de tierras en Álora (Málaga) han encadenado un cierre que ya supera los tres meses. ADIF no prevé restablecer la circulación directa antes de finales de abril, dejando a Málaga sin AVE en plena Semana Santa, una fecha clave para el turismo en la región.
El eurodiputado y miembro de la Comisión de Transportes, Borja Giménez Larraz se ha mostrado muy crítico con esta situación y asegura “este Gobierno ha convertido el AVE a Málaga en un símbolo de su forma de gestionar: aplazamiento tras aplazamiento, excusa tras excusa y cero soluciones. Más de tres meses sin conexión directa en uno de los corredores más importantes de Europa no es mala suerte, es mala gestión”.
El eurodiputado ha subrayado que “en enero de 2025, el BEI prestó 350 millones de euros a ADIF precisamente para renovar, mejorar la seguridad y reforzar la resiliencia de la red ferroviaria. Un año después, el corredor está colapsado. El dinero de Europa está, los resultados no”.
LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
El impacto económico del cierre es devastador. El sector hotelero de la provincia registra una caída del 26% en las reservas hasta finales de abril. Las estimaciones de pérdidas directas e indirectas alcanzan los 2.000 millones de euros, con unos 6.000 empleos estacionales en riesgo.
La Semana Santa, periodo en el que el 60% de los visitantes son turistas nacionales que dependen de la conexión ferroviaria con Madrid tendrá que afrontarse sin AVE directo. Los viajeros se ven obligados a realizar un transbordo por carretera entre Málaga y la estación de Antequera-Santa Ana que eleva el viaje a más de cuatro horas y media, una situación que ha provocado una oleada de quejas entre los usuarios y ha puesto en cuestión la capacidad del Gobierno para garantizar la movilidad en el sur de España.
La pregunta parlamentaria invoca el Reglamento (UE) 2024/1679 sobre la Red Transeuropea de Transportes, la Directiva (UE) 2016/798 sobre seguridad ferroviaria y el Reglamento (UE) 2021/782 sobre derechos de los pasajeros. El PP le pide a la Comisión que aclare si el cierre prolongado de este corredor suscita dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones del administrador de infraestructuras y qué medidas concretas adoptará para proteger a los pasajeros afectados.
Giménez Larraz ha emplazado al Gobierno a rendir cuentas: “El Gobierno de Sánchez ha recibido cientos de millones de Europa para mantener la red ferroviaria y lo que tenemos es un AVE roto, una provincia aislada y miles de pasajeros abandonados a su suerte”.
