El Partido Popular obligará al Gobierno a dar explicaciones por el gasto en Seguridad y Defensa en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, tras las últimas decisiones y después de que el Ejecutivo
siga invirtiendo con partidas que no estaban presupuestadas en las últimas
cuentas del Estado.
Desde la dirección del PP, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha denunciado que el Gobierno tiene ya “nuevos compromisos de inversión que cumplir” en Seguridad y Defensa en este año 2026 y, sin embargo, continúa con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados
desde 2023, que fueron aprobados durante la pasada legislatura y sin informar
al Parlamento.
Todo ello se une a los últimos acontecimientos derivados de la contienda en Irán, como la decisión del envío de la fragata de Cristóbal Colón “sin consentimiento ni autorización ni explicaciones en el Congreso”, subraya Gamarra, o la transferencia de 1.339 millones de euros aprobada en el último
Consejo de Ministros sin información ni explicación por parte del Ejecutivo. Así, el PP ha registrado las peticiones de comparecencias para la Comisión Mixta de Seguridad Nacional de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro de
Industria y Turismo, Jordi Hereu, para que den cuentas y expliquen la planificación estratégica y ejecución del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa en los ejercicios 2025 y 2026.
Desde el PP exigen que el Gobierno valore la capacidad industrial y tecnológica de quienes han sido adjudicatarios de los 33.936 millones de euros que el Gobierno ya ha adjudicado en gasto en Seguridad y Defensa durante el 2025, así como los criterios y requisitos de subcontratación exigidos, los mecanismos
de financiación utilizados y las partidas presupuestarias de otras secciones afectadas para financiar dichos nuevos desembolsos. Y que dé cuentas detalladas de la Planificación prevista para 2026.
FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA
El Partido Popular lleva meses alertando sobre la opacidad y falta de explicaciones con la que se está toda la política de inversión en Seguridad y Defensa por parte del Gobierno de España.
De hecho, en noviembre ya pidió la comparecencia en el Congreso tanto de Margarita Robles como de Jordi Hereu para que explicasen los procesos de adjudicación que se han utilizado para hasta 33.936 M€ de los programas incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, así
como los criterios aplicados para la concesión de préstamos directos. Mientras, la ministra Robles está desaparecida, rehuyendo las sesiones de control al Gobierno y bloqueando su comparecencia en el Congreso.
En este sentido, el PP pretende garantizar que las adjudicaciones no atienden a criterios arbitrarios y, de forma muy especial, que puedan dar respuesta en plazo y forma a las necesidades reales y específicas de las Fuerzas Armadas. Por ello, en todo momento el Partido Popular ha defendido que este tipo de
adjudicaciones deben garantizar que se concedan a empresas con capacidades reales y suficientes para desarrollar los proyectos, aprovechando así esta oportunidad para materializar la soberanía de España en la industria de defensa
