En pleno temporal
La secretaria general del PPE y vicepresidenta del Grupo PPE, Dolors Montserrat, ha registrado dos preguntas parlamentarias dirigidas a la Comisión Europea sobre el uso de fondos europeos en el mantenimiento y la seguridad de las presas de titularidad estatal en España, ante su situación estructural y la actual circunstancia climatológica extrema que ha puesto en alerta a los expertos.
En la primera iniciativa, Montserrat señala que diversos informes técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y de asociaciones profesionales de ingeniería civil i han advertido de un grave déficit de inversión en el mantenimiento y la seguridad de las presas en España. Estos informes apuntan que el 60 % de las presas de titularidad estatal requerirán actuaciones relacionadas con la seguridad hidrológica, estructural o de sus desagües.
La eurodiputada recuerda que España ha sido beneficiaria de recursos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, “algunos de ellos destinados a infraestructuras hidráulicas, gestión del agua y resiliencia frente a riesgos climáticos”.
En este contexto, pregunta “qué fondos europeos —y en qué grado de ejecución se encuentran— han sido asignados a España para actuaciones relacionadas con la rehabilitación, modernización, mantenimiento o seguridad de presas de titularidad estatal desde 2014”, y si la Comisión “dispone de información que permita evaluar si estos fondos se han destinado prioritariamente al mantenimiento preventivo y a la seguridad estructural, y no solo a nuevas inversiones”.
AUSENCIA DE PLANES DE EMERGENCIA
En la segunda pregunta, bajo el asunto “Supervisión del cumplimiento de obligaciones de mantenimiento y seguridad de presas estatales financiadas con fondos europeos en España”, Montserrat indica que España cuenta con “aproximadamente 1.300 grandes presas, muchas con una antigüedad cercana a los 60 años”, y que “una parte significativa de ellas presenta deficiencias de conservación, ausencia de planes de emergencia o fallos en elementos esenciales de seguridad, según informes técnicos”.
Montserrat subraya que estas infraestructuras “dependen directamente de la Administración General del Estado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y las Confederaciones Hidrográficas”, y advierte de que un eventual fallo tendría “consecuencias humanas, ambientales y económicas graves, con posible impacto sobre los intereses financieros de la Unión”.
Por ello, demanda si la Comisión “ha evaluado si el estado de conservación de las presas de titularidad estatal en España financiadas total o parcialmente con fondos europeos cumple las exigencias de seguridad y mantenimiento”, y si “prevé solicitar auditorías técnicas independientes cuando existan indicios persistentes de déficit de mantenimiento en infraestructuras estatales financiadas con fondos europeos”.
