En una acción conjunta en las dos Cámaras ante esta grave anomalía democrática
El Partido Popular ha lanzado hoy una ofensiva parlamentaria total en el Congreso y el Senado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el respaldo que sigue brindando al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras avalar el Tribunal Supremo su procesamiento.
A tenor de esta grave anomalía democrática sin precedentes, el PP ha emprendido una acción conjunta en las dos Cámaras para exigir responsabilidades inmediatas al Ejecutivo por mantener al frente de la Fiscalía General del Estado a quien no debe permanecer ni un minuto más en el cargo, puesto que quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos.
Por ello, en el caso del Congreso, el PP ha registrado un escrito dirigido a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, para que convoque la Diputación Permanente, y poder debatir y votar la comparecencia urgente del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un pleno extraordinario.
En concreto, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quiere que Bolaños rinda cuentas de manera urgente sobre lo que considera una auténtica vergüenza, y que lo haga en un pleno extraordinario donde explique “los motivos del respaldo del Gobierno al fiscal general del Estado”.
Ante el hecho de que los españoles tengan que sufrir a un fiscal general del Estado encausado, juzgado y sentado en el banquillo de los acusados, el PP ha registrado a su vez en el Senado la comparecencia urgente de Bolaños ante la Comisión de Justicia de dicha Cámara.
A través de su portavoz, Alicia García, el Grupo Parlamentario Popular quiere que Bolaños acuda a la Cámara Alta para explicar “la posición del Gobierno en relación con el procesamiento por el Tribunal Supremo del fiscal general”. El PP del Senado acompaña esta solicitud de comparecencia urgente de una batería de preguntas para que el Ejecutivo diga, entre otras cosas, “cuál es el verdadero motivo por el que no exige su cese” de inmediato.
En concreto, el Grupo Popular ha registrado en el Senado un total de 18 preguntas parlamentarias para que Bolaños responda “si no considera esto una anormalidad democrática, si considera que es sostenible seguir siendo fiscal general tras el auto dictado por el Supremo que le aboca al banquillo o si se plantea instar su suspensión cautelar si se abre juicio oral contra él”.
Además, quiere que conteste “si considera acorde a los principios democráticos tener procesado a un fiscal general, que tiene el mandato constitucional de defender la legalidad y perseguir los delitos, y que este no dimita, y si ha valorado el descrédito que supone para la Fiscalía el estar bajo las directrices de un presunto delincuente”.
