El portavoz de Alimentación del Grupo Parlamentario Popular y senador
por Murcia, Antonio Luengo, exige a Pedro Sánchez que deje de
imponer una “engorrosa burocracia y una excesiva normativa al sector
agrario” porque “su aplicación va en contra de su competitividad”.
En una moción del PP debatida esta tarde en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación de la Cámara Alta, aprobada a pesar
de los votos en contra del PSOE, Luengo se refiere a los 19 Reales
Decretos aprobados por Sánchez, en diciembre de 2022, y que
suponen una “normativa burocrática inasumible, más de 10.000 folios
de “nuevas obligaciones”.
En concreto, el senador del PP critica el R.D relativo a los suelos
agrarios y que obliga a los agricultores, a partir de septiembre de 2024,
a registrar cualquier aportación de fertilizante orgánico o mineral; a
elaborar y aplicar un plan de abonado en cada unidad de producción
de las explotaciones; a registrar el agua de riego empleada; y a
controlar la composición analítica de los estiércoles utilizados.
“¿Quién paga todo esto?”, pregunta Antonio Luengo a la bancada
socialista, tras lo que les reprocha que “lo tenga que asumir el
agricultor. ¿Les parece esto justo? ¿Creen normal utilizar la imposición
como la forma de gobernar?”.
Remarca que “este maremágnum normativo provocado por el Sr.
Sánchez, más allá de contribuir a la sostenibilidad del sector o fomentar
la seguridad alimentaria provoca desánimo y desesperación entre los
agricultores y ganaderos”, tras los que señala que también “está
generando un descenso de la producción de alimentos y, por
consiguiente, un incremento del precio de los mismos”.
Así mismo, el senador popular por Murcia critica que el Gobierno “no
ha elaborado ni publicado ninguna guía de buenas prácticas que
pudieran servir de asesoramiento para la aplicación de tan compleja
normativa”.
Además, asegura que esta norma, “de gran complejidad para el sector
agrícola, todavía no ha sido desarrollada por la administración central,
no se ha coordinado con las CC.AA. ni se ha establecido un programa
de actuación nacional que establezca criterios comunes”.
Por ello, la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado insta
al Gobierno a:
