El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una batería de enmiendas al Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés y con la firme convicción de que la iniciativa presentada por el Gobierno, y paralizada tras las elecciones de 2023, puede y debe mejorarse.
Entre las enmiendas presentadas, los populares plantean la creación de una Autoridad Independiente con competencias en el control de los grupos de interés en sustitución de la Oficina de Conflicto de Intereses propuesta por el Gobierno y dependiente de él.
Asimismo, se propone extender esta normativa a las Cortes Generales (Congreso y Senado) a través de la modificación de sus reglamentos, establecer la obligación de hacer pública en la agenda cualquier relación con grupos de interés y precisar el alcance de esta categoría, de la que se excluyen partidos políticos, así como las organizaciones sindicales, empresariales y los colegios profesionales, salvo cuando desarrollen actividades de influencia.
Entre las enmiendas también se especifica el catálogo del personal público susceptible de influencia, ampliando el alcance más allá de los altos cargos y asesores eventuales. De manera expresa, se incluyen los gabinetes, el personal directivo público y, en general, todo el personal de la Administración General del Estado que participe en la toma de decisiones públicas, tanto en la elaboración normativa como en la ejecución de políticas públicas.
El GPP propone, además, reforzar la interoperabilidad mediante la integración funcional con otras herramientas, mejorar la exposición de los datos del Registro de Grupos de Interés y detallar con mayor precisión la información relativa a reuniones y actividades de estos grupos.
Las enmiendas populares se basan en el análisis del texto legislativo realizado por los ponentes, en las reuniones mantenidas con diferentes colectivos y en las aportaciones recibidas.
EL GOBIERNO SIGUE INCUMPLIENDO LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES
Los populares reprochan al Ejecutivo que su incumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de lucha contra la corrupción está deteriorando gravemente la imagen de España. Ejemplo de ello es que el Banco Mundial ha constatado un retroceso en indicadores clave como el control de la corrupción, la calidad regulatoria, la eficiencia gubernamental y el Estado de derecho, situando a España en la cola de Europa y evidenciando así una merma en la calidad democrática.
A ello se suma lo señalado en el último informe de cumplimiento del Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) que subraya la falta de avances del Gobierno en la prevención de la corrupción y critica la opacidad en las relaciones entre altos cargos y grupos de interés, la ausencia de medidas efectivas de control, la insuficiente protección de los denunciantes y el incumplimiento de compromisos reiteradamente adquiridos por España.
