Los consejeros del Partido Popular de Transportes y
Movilidad Sostenible han exigido por carta a Oscar Puente la convocatoria
urgente de la Conferencia Sectorial para debatir el nuevo mapa concesional de
transportes por el alto impacto “social, territorial y económico” que supone los
recortes de líneas y paradas que condenan a la España rural y dejan a más de
tres millones de personas sin parada de autobús.
El PP rechaza el nuevo mapa concesional de transporte por carretera porque
elimina rutas, paradas y servicios, incremente trasbordos, no tiene en cuenta la
diversidad territorial y no se ha debatido en el seno de la Conferencia Sectorial.
Según los datos del ministerio, el nuevo mapa contiene los siguientes cambios:
o Eliminación de rutas: 456 menos, un 47,20%
o Población que se desconecta: Un total de 3,25 millones de personas
quedarían sin servicio de autobús estatal.
o Elimininación de paradas: alrededor de unas 9.305 menos
o Eliminación de vehículos-Km: 73,45 millones menos, un 30,77 menos
vehículos/km.
o Dismunición de municipios con parada: 1.417 municipios sin parada, un
74,11% menos.
En su misiva, enviada a lo largo de esta semana por los consejeros del ramo,
recuerdan que el nuevo mapa concesional debe debatirse en la Conferencia
Sectorial, que no se convoca desde julio de 2022 cuando está obligado por
reglamento a su convocatoria cada 6 meses.
La no convocatoria de la sectorial es un patrón general de actuación del
Gobierno, que se niega a convocarlas en tiempo y forma para luego hacerlo sin
la información ni documentación adecuadas. En opinión del PP, la falta de
cogobernanza y los ataques a los mecanismos institucionales de interlocución
entre el Gobierno y las CCAA son constantes.
LAS CCAA SE DEBERÁN HACER CARGO DE 110 MILLONES ANUALES
Los consejeros del PP denuncian que, de acuerdo con los datos del ministerio,
el coste mínimo por la prestación de los servicios que deja de realizar la
Administración General del Estado con el nuevo mapa concesional asciende a
110 millones de euros anuales, montante que Puente quiere que asuman las
comunidades autónomas, mientras que el ministerio solo aporta 40 millones
entre dos años de forma temporal para la implantación del nuevo mapa
Por último, los consejeros trasladan su preocupación por las incidencias
recurrentes que se vienen produciendo en los servicios de transporte ferroviario
sin que se adopte ninguna solución ni se den explicaciones
