Gamarra exige explicaciones urgentes y medidas para resolver las “graves consecuencias” que está generando la imposición de la Ley de Eficiencia Judicial y su “precipitada” y “poco realista” implantación
Partido Popular ha registrado la petición de comparecencia urgente del ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras el “desconcierto, colapso y caos”que está generando la imposición de su Ley de Eficiencia de la Justicia sobre un nuevo modelo de organización de los tribunales, efectos de los que ya alertó el PP, así como los profesionales del sector.
Esta situación llega después de que, al acabar el año, se tuviese que completar por ley la tercera fase de implantación de los tribunales de instancia, un calendario impuesto que ha resultado “poco realista” y ha generado una “precipitación” con “graves consecuencias” para el funcionamiento de la
Justicia”. Quince días después, el PP denuncia el “atasco” en los tribunales y el “desconcierto y colapso” debido a la “improvisación y descontrol absoluto”, como consecuencia de la conocida como ‘Ley Bolaños’.
“El Gobierno quería llegar al uno de enero de 2026 con una foto, pero le daba igual que la Justicia funcione”, advierte la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien critica al ministro Bolaños por intentar “reorganizar la Justicia de espaldas a los jueces, fiscales, abogados, procuradores, letrados de la administración de justicia y funcionarios, que la hacen funcionar cada día.
En este sentido, Gamarra exige explicaciones urgentes al ministro de Justicia, así como que dé a conocer las posibles medidas que tiene previsto adoptar para resolver, cuanto antes, los problemas que está generando su ley: “Esto no es eficiencia de la Justicia, sino desmontar el sistema sin alternativa”.
El PP lleva meses denunciando la inseguridad jurídica, el bloqueo de la Justicia, las dificultades entre los operadores judiciales y las disparidades interpretativas de la norma que está suponiendo la implantación de esta ley, con los consecuentes retrasos y vulneraciones de los derechos de los ciudadanos, lo que está llevando a los juzgados a situaciones absurdas de reparto, custodia y separación de tareas.
De hecho, ya en octubre, el Grupo Popular aprobó una iniciativa para exigir al
Ejecutivo la modificación de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), con el objetivo de evitar que estos organismos se convirtieran en un elemento de bloqueo de la Justicia y garantizando unidad de criterios en todo el territorio nacional con protocolos claros, directrices homogéneas y formación específica para los operadores jurídicos.
Para Cuca Gamarra esta Ley de Eficiencia Judicial de Bolaños está suponiendo “otro desastre legislativo” del Gobierno y aboga por “eliminar obstáculos y reforzar medios para mejorar nuestra Justicia”, frente a una legislación que está creando “inseguridad jurídica” y a un Gobierno que no dota al sistema de los “recursos humanos y presupuestarios necesarios”.
En este sentido, la vicesecretaria critica que Sánchez esté pactando y troceando la financiación autonómica con un separatista que ni siquiera gobierna y no ofrezca recursos y acuerdos a los gobiernos autonómicos para mejorar, atender y prestar con la adecuada calidad los servicios públicos, incluido el sistema judicial, o paliar la problemática existente con determinados juzgados, como son los de la violencia contra la mujer.
De hecho, en materia de violencia de género, la ‘Ley Bolaños’ está generando un efecto disuasorio en las víctimas a la hora de interponer denuncias, puesto que, en muchos casos, la mujer se ve obligada a desplazarse más de 80km para declarar contra su agresor. Tanto desde el PP como desde las asociaciones y profesionales de la Justicia se ha venido alertando y denunciando estos efectos perversos de su ley, pero el ministro Bolaños no ha hecho nada al respecto.
