En el Congreso de los Diputados
El Partido Popular ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno la modificación urgente de la regulación de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en la Justicia y para el establecimiento de criterios unificados para todos los órganos judiciales, lo que provoca retrasos, inseguridad jurídica y atenta contra los derechos de los ciudadanos.
Desde la formación denuncian que la Ley de Eficiencia Judicial de Bolaños está provocando inseguridad jurídica, bloqueo de la Justicia, dificultades entre los operadores judiciales y disparidades interpretativas de la norma, precisamente por haber establecido a estos MASC como requisito de procedibilidad obligatorio previo a la interposición de demanda.
Todo ello, según se subraya en la iniciativa, iría en contra, precisamente, de la finalidad de la reforma, al generar “retrasos e inseguridad”, además de estar perjudicando a los “legítimos intereses y derechos de los ciudadanos” y, especialmente, de los demandantes.
Por tanto, para el PP es “imprescindible” impedir que estos Medios Alternativos de Solución de Conflictos se conviertan en un “elemento de bloqueo de la Justicia”, así como avanzar en un nuevo modelo que aporte “coherencia y efectividad”, garantizando una unidad de criterios en todo el territorio nacional con “protocolos claros, directrices homogéneas y formación específica de los operadores jurídicos”.
Entre las principales medidas que propone el Partido Popular para su debate en el Pleno del Congreso, están la unificación de criterios para la aplicación de dichos MASC, la modificación “urgente” de las excepciones sobre la obligatoriedad de la utilización de esos medios alternativos, así como la elaboración de un estatuto de la tercera persona neutral con participación efectiva de todos los profesionales y su remisión a las Cortes.
Por otro lado, en la PnL también se solicita que el Gobierno trabaje con las comunidades autónomas, el CGPJ y los distintos órganos y operadores de la Justicia para la elaboración de protocolos comunes de actuación que definan “con claridad y flexibilidad la exigencia, acreditación y efectivos del intento de los MASC”.
En este sentido, el Partido Popular aboga, además, por el desarrollo de programas de formación específica para los operadores jurídicos y campañas de información ciudadana para difundir el funcionamiento y las ventajas de estos medios alternativos.
Para finalizar, el PP pide que se establezcan unos mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir el impacto real de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos en la reducción de la litigiosidad y en la mejora de la eficiencia del sistema judicial.
A cuenta del registro de esta iniciativa, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha tachado la Ley de Eficiencia Judicial del Gobierno de “otro desastre legislativo”, que se une a otros ya famosos como la Ley del solo sí es sí. En este sentido, Gamarra aboga por “eliminar obstáculos y reforzar medios para mejorar nuestra Justicia”, frente a una legislación que está creando “inseguridad jurídica” y a un Gobierno que no dota al sistema de los “recursos humanos y presupuestarios necesarios”, recordando la problemática existente con los juzgados para la violencia contra la mujer, en los que cientos de profesionales están denunciando el colapso por el aumento de las competencias y la falta de medios para afrontarlas.
