La portavoz del PP en el Parlamento
Europeo y vicepresidenta del Grupo PPE en la Eurocámara, Dolors
Montserrat, y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, han denunciado ante la
Comisión Europea el retraso del Gobierno de Pedro Sánchez en la aprobación
de la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), una norma crucial para
mejorar la lucha contra la corrupción, que tenía que haber aprobado por ley.
Es una de las amonestaciones más importantes que la Comisión Europea
introdujo en el Informe sobre el Estado de Derecho de España, en julio pasado.
En una pregunta parlamentaria, los miembros del PP recalcan que el Informe
del Estado de Derecho de España 2024, recoge específicamente que el
Gobierno estaba obligado por ley a aprobar, antes de septiembre de 2024,
“una estrategia global destinada a prevenir y combatir la corrupción”, que
incluye la reforma de la LEC. Sin embargo, no se ha presentado dicho texto
ni tampoco se ha avanzado en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
con la que se debe abreviar la duración de la investigación y el enjuiciamiento
de los delitos, señala el texto.
Así, preguntan a la Comisión qué plan de actuación va a llevar a cabo para
presionar al Gobierno a mejorar la lucha contra la corrupción, teniendo en
cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez está acechado en estos momentos
por diferentes escándalos de corrupción que implican a su esposa, a su
hermano y a ex ministros del Ejecutivo, que incluso afectan a fondos
europeos”.
Asimismo, interpelan al Ejecutivo Comunitario si va a dotar de presupuesto y
personal suficiente para conseguir “una correcta aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal incluida el diálogo bilateral estructurado sobre el
Estado de Derecho con el Gobierno.”
La vicepresidenta del Grupo PPE manifestó que “no es casualidad que el
Gobierno de Sánchez retrase cumplir la ley para mejorar la lucha contra la
corrupción mientras le acorralan cada vez más los casos de corrupción. Pero
si no lo hace voluntariamente aquí está el PP para pedirle a la Comisión
Europea que actúe para proteger los intereses económicos de los españoles
y sus instituciones”.
“El Ejecutivo no cumple ni sus propios calendarios”, agregó.
Además, explicó que “es una petición que viene de lejos, también del GRECO
(Grupo de Estados contra la corrupción) y de todos los Informes sobre el
Estado de Derecho desde 2021, pero el Gobierno socialista no ha mostrado
ningún interés en luchar contra la corrupción. Todo lo contrario, ha reducido
las penas y el catálogo de delitos, y ha amnistiado a delincuentes; justo en
sentido contrario a lo que pide la Unión Europea de tolerancia cero con la
corrupción”.
Para el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, el conflicto de la administración
Sánchez con la Comisión Europea es más amplio en materia de justicia:
“Bruselas fue clara con el Gobierno: se necesita mayor transparencia por parte
de los altos cargos de la Administración y agilizar los procesos para combatir
la corrupción”. En este sentido, el exministro del Interior apunta que estas
reformas ayudarían a que los españoles “sepan toda la verdad sobre los casos
que rodean a la Moncloa”.
Desde las filas populares, Zoido asegura que su partido “ha esperado hasta el
final para ver si el Gobierno de España cumplía con los plazos” y que
“presionar a través de la Comisión Europea ha sido el último recurso”. Este
nuevo paso de los eurodiputados del PP provocará que la Comisión exija
avances concretos en el incumplimiento de los plazos de Moncloa.
