Desinformación institucional
Montserrat alerta de la gravedad de que un Gobierno contribuya
a la amplificación de información falsa contra los Fuerzas de
Seguridad del Estado
La vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria
general del PPE, Dolors Montserrat, ha puesto en conocimiento de la
Comisión Europea la difusión de bulos contra la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil por parte de hasta tres ministros del gobierno de
Pedro Sánchez, en lo que constituye un ataque directo a la credibilidad de las
fuerzas de seguridad y una vulneración del reglamento europeo contra la
desinformación.
En una pregunta parlamentaria, Montserrat hace referencia a los hechos
acontecidos el pasado 31 de mayo cuando la vicepresidenta del
Gobierno, María Jesús Montero; el ministro de Transformación Digital y
Función Pública, Óscar López; y la portavoz del Gobierno y ministra de
Educación, Pilar Alegría, difundieron públicamente que un ex agente de la
Guardia Civil habría amenazado con colocar una “bomba lapa” en el vehículo
del presidente del Gobierno.
Sin embargo, verificaciones periodísticas demostraron que dicha afirmación es
falsa. Aun así, dicha información falsa “se utilizó como arma política”, con
declaraciones que señalaban explícitamente a Juan Vicente Bonilla, ex agente
de la Unidad Central Operativa (UCO), “cuerpo altamente especializado en la
lucha contra la criminalidad y que está investigando los escándalos
relacionados con el Gobierno”.
“Este hecho constituye un ejemplo de desinformación institucional, pero
también un ataque a la reputación y credibilidad de una fuerza de seguridad
del Estado, lo que pone en riesgo la confianza ciudadana en los cuerpos
policiales y su control democrático”, ha indico Montserrat.
La eurodiputada resalta que el artículo 17 del Reglamento (UE) 2022/2065
obliga a los poderes públicos a actuar con diligencia para no fomentar la
difusión de desinformación, lo cual se une al Plan de Acción para la
Democracia Europea que precisamente pide a los Estados miembros actuar
contra la difusión de informaciones falsas.
“El Plan destaca que la desinformación interna es una amenaza creciente y
que la desinformación puede ser utilizada por actores nacionales para
manipular la opinión pública y socavar la democracia. No podemos permitir
que desde el Gobierno se contribuya a la amplificación de información de
contenido dañino contra los Fuerzas de Seguridad del Estado porque éstas
hacen su trabajo contra la corrupción”, manifestó la diputada.
Por todo ello, Montserrat pide a la Comisión que tenga en cuenta esta difusión
manipulada de información en su informe sobre el Estado de Derecho y emita
recomendaciones específicas sobre la desinformación institucional.
