Preocupación en Bruselas
La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo y secretaria general del partido, Dolors Montserrat, ha presentado una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión Europea en
la que advierte de una posible vulneración del Derecho de la Unión por parte del nuevo modelo de acceso a la función pública propuesto por el Gobierno de España.
La eurodiputada denuncia que el sistema —que plantea sustituir el tradicional sistema de oposición por un curso de posgrado gratuito de dos años, con examen final y adjudicación de plazas según la nota obtenida— podría socavar principios básicos de la UE como la igualdad de acceso al empleo público, la
transparencia, la objetividad y la imparcialidad, tal como recoge el artículo 15.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Además, subraya Montserrat, este nuevo modelo puede suponer una segmentación de facto entre titulados con la misma cualificación académica y podría dificultar la transparencia y comparabilidad en el marco europeo de cualificaciones (EQF).
“La CE tiene que analizar, desde el punto de vista de la Directiva 2005/36/CE, ese nuevo proceso podría crear una barrera estructural a efectos de movilidad, ya que la cualificación académica no se traduce directamente en experiencia profesional pública reconocible en otros Estados miembros. Además, iría en
contra de la comparabilidad y la portabilidad profesional dentro del Espacio Económico Europeo”, ha considerado la eurodiputada. Montserrat alerta además de que este nuevo modelo podría abrir la puerta a prácticas de favoritismo o nepotismo, al eliminar mecanismos de evaluación anónimos y desligarse de criterios estrictamente meritocráticos, lo que, según afirma, podría tener efectos discriminatorios indirectos, en posible contradicción con la Directiva 2000/78/CE sobre igualdad en el empleo y los
principios de buena administración establecidos en el artículo 41 de la misma Carta.
“Las organizaciones de jueces y fiscales han visto un grave peligro por cuanto pretende sustituir los actuales procesos selectivos, exigentes e imparciales, por procesos a la carta que pondrán en peligro la preparación del funcionario y que entrañan una injerencia política inadmisible y sin precedentes en nuestra democracia”, ha destacado además Montserrat.
Por último, solicita a la Comisión que evalúe si este sistema afecta al reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales y obstaculiza la movilidad laboral dentro del Espacio Económico Europeo, dado que el acceso a un empleo público en España podría depender de una formación interna no
homologada ni reconocida formalmente a nivel europeo, en potencial conflicto con la Directiva 2005/36/CE.
