En una pregunta al ministro del Interior en el Pleno del Senado
- El senador del GPP por La Rioja, Luis Martínez-Portillo, reprocha al ministro del Interior que “su Gobierno ha optado por proteger a los okupas y, por eso, la okupación ilegal se ha convertido en un grave problema de seguridad ciudadana y de convivencia vecinal, además de crear una falta de confianza en el Estado de derecho”.
- Así se dirige el senador popular al ministro del Interior, en la sesión de control al Gobierno durante el Pleno del Senado, tras preguntar a Grande-Marlaska qué reformas legales son necesarias para mejorar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el desalojo de viviendas ocupadas.
- En este contexto, Martínez-Portillo plantea al titular de Interior que “la solución consiste en elegir entre proteger al okupa, dotándole de herramientas para perpetuarse en la okupación, o en proteger al propietario facilitando la pronta recuperación de su vivienda, mediante leyes que le protejan”.
- Solicita a Marlaska que recoja el guante de su Grupo y estudie la Proposición de Ley Orgánica del PP, que “duerme el sueño de los justos en un cajón del Congreso, para aplicarla”.
- En este sentido, el senador riojano recuerda al ministro que “cada día cientos de propietarios y de familias españolas se despiertan con la incertidumbre de no saber si podrán recuperar su vivienda ilegalmente ocupada”, al tiempo que remarca que “el derecho a la propiedad privada se halla reconocido en nuestra Constitución”.
MÁS PREOCUPADOS POR LOS PROPIETARIOS DE LAS LECHUGAS
- Sin embargo, las propuestas del Ejecutivo de Sánchez “lejos de resolver el problema de la okupación, no ha hecho más que perpetuarlo en el tiempo”, mientras que en el PSOE están más preocupados en la propiedad de las bolsas de lechugas y chistorras que llegan a Ferraz y los sobres que salen, que en los propietarios de viviendas”.
- Afea que con el actual marco legal la remisión en casos de delito de allanamiento y de usurpación a un juicio penal puede demorar meses la solución; o la exigencia de una denuncia, unida al concepto de okupación flagrante en 48 horas, en numerosos casos deja fuera de su alcance muchos supuestos habituales.
- Por ello, dejando a salvo los supuestos de vulnerabilidad, exige una reforma legal para agilizar los procedimientos en favor de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que “cuando alguien ocupa ilegalmente una vivienda lo que quiere el propietario es recuperarla con inmediatez, con una pronta intervención policial y judicial que esté suficientemente respaldada por la ley”.
- Ante la falta de respuesta inmediata de una ley, Martínez-Portillo avisa de sus graves consecuencias, como “la existencia de mafias que se sienten protegidas en su actividad de okupación ilegal, que desincentiva el interés de los ciudadanos por invertir en vivienda y, aún peor, aumenta el miedo de los propietarios actuales a alquilar aumentando el precio de los arrendamientos”.
- Antes de concluir, el dirigente popular lamenta que con la ley en la mano “el 57% de las víctimas ya ni denuncia y buscan fórmulas extrajudiciales porque no confían en su sistema”, tal y como reflejan los datos de una de las principales plataformas de afectados por la okupación.
