El Parlamento Europeo, liderado por la acción del Partido Popular Europeo, ha dado luz verde hoy a la apertura de negociaciones con el Consejo sobre la propuesta de reforma de la política de retorno de la UE para los inmigrantes sin derecho a permanecer en territorio europeo. La UE busca así reforzar la credibilidad de su política migratoria y reducir la inmigración irregular mediante normas más estrictas y coordinadas.
El eurodiputado del Partido Popular y presidente de la comisión de Libertades Civiles (LIBE), Javier Zarzalejos, celebró el resultado de la votación, pues el reglamento de retornos es la pieza que faltaba para cerrar el paquete migratorio europeo, cuyo eje es el Pacto Europeo de Migración y Asilo que entrará en vigor en junio. Sin la aprobación de este Reglamento de retornos, el resto de instrumentos hubiesen quedado incompletos.
La propuesta, que busca reforzar y unificar las normas de retorno de nacionales de terceros países en situación irregular, sustituye el marco vigente desde 2008 y responde al hecho de que solo el 20% de las órdenes de retorno dictadas se ejecutan en la UE, una cifra que en algunos casos es aún menor. En España, los datos apuntan a que ese dato apenas alcanza el 9,7%.
“No podemos avanzar en una política migratoria creíble y eficaz si las decisiones de retorno no se cumplen”, advirtió Zarzalejos.
EFICACIA EN LOS RETORNOS
El presidente de LIBE recalcó que esta decisión europea que busca mayor eficacia en los retornos, entra en contradicción con la política migratoria del Gobierno de España, quien abre la puerta a regularizaciones masivas y muestra un clara ausencia de estrategia para controlar la inmigración irregular. En este sentido, el eurodiputado popular ha querido resaltar que, al tratarse de un reglamento, y no de una directiva, será de aplicación obligatoria directa para todos los países de la Unión Europea, y Sánchez no podrá mirar hacia otro lado.
La reforma que aplicará la UE introduce procedimientos uniformes para agilizar la práctica real de los retornos y reforzar la cooperación entre Estados miembros. Así, refuerza el reconocimiento mutuo de decisiones, permitiendo ejecutar expulsiones dictadas por otros países de la UE, incrementa la cooperación con terceros países y el papel de agencias como Frontex, e impone mayores obligaciones de cooperación a los inmigrantes en situación irregular (identificación, documentación, datos biométricos).
Entre las medidas que refuerzan la seguridad, destaca la prohibición de entrada de hasta
10 años una vez han sido expulsados, ampliables en casos de seguridad y retornos prioritarios para personas que supongan un riesgo. Asimismo, desde el punto de vista de la protección, se prevé una detención máxima de 24 meses.
Los convenios para acoger centros de retorno, vinculados también a los acuerdos de readmisión, deberán incluir sanciones en caso de vulneración de los mismos o si los estándares internacionales de derechos fundamentales no son respetados.
Zarzalejos ha defendido que esta reforma responde a la necesidad de un modelo migratorio “ordenado, regular y vinculado al mercado de trabajo”. “El Partido Popular apuesta por una inmigración legal y ordenada. Para ello, debemos terminar con la inmigración ilegal y cortar el negocio de las mafias que trafican con personas”, ha afirmado.
En este sentido, ha subrayado que el reglamento también constituye una herramienta para desincentivar las rutas irregulares y combatir las redes de tráfico de migrantes. Asimismo, el presidente de LIBE ha querido recalcar que el nuevo reglamento refuerza el retorno voluntario y mantiene un marco adecuado de salvaguardas y garantías de derechos fundamentales.
