En la Comisión de Derechos Sociales y Consumo
El diputado del GPP Pedro Samuel Martín asegura que, pese a que hace casi veinte años se aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, con el compromiso de que el Estado y las comunidades autónomas la financiarían a partes iguales, ese acuerdo “nunca se ha cumplido”. “Lo que no se puede hacer es legislar desde Madrid y trasladar la factura a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos”, asevera
Exige, en primer lugar, transparencia y que el Gobierno “presente una memoria económica clara sobre el coste real de las reformas en el sistema de dependencia”; y, en segundo lugar, que “cumpla la ley y garantice que el Estado aporte el 50 % de la financiación, tal y como establece el compromiso”
“Mientras ese desequilibrio sigue sin corregirse, el Gobierno decide avanzar en reformas que incrementan las obligaciones del sistema sin garantizar la financiación necesaria”, apunta
La diputada del GPP Marta González advierte de la caída continuada del consumo de pescado en España, motivada principalmente por el encarecimiento de los precios y “la insuficiencia de las medidas para promover su consumo”, y añade que esta tendencia supone un riesgo para la salud pública, al alejar a la población de modelos dietéticos “referentes de equilibrio, calidad nutricional y prevención de enfermedades”
Subraya que el aumento de precios está convirtiendo el pescado en un producto inaccesible, “percibido como un alimento de lujo y no de primera necesidad” y critica que “establecer una única ración obligatoria semanal de pescado en los comedores escolares no permite consolidar hábitos, ni normalizar su consumo, o educar en una alimentación equilibrada”
Defiende la necesidad de actuar con urgencia para “facilitar el acceso al pescado mediante una reducción imprescindible del IVA”, reforzar su presencia en comedores escolares y apoyar al sector pesquero
El portavoz de Consumo del GPP, Silverio Argüelles, denuncia que el Ejecutivo “está incumpliendo de forma total la Ley de Movilidad Sostenible, ignorando obligaciones clave para mejorar el servicio ferroviario y proteger a los usuarios”, al tiempo que critica la falta de medidas concretas: no se han recuperado los compromisos de puntualidad, ni reforzado la atención a pasajeros, ni implantado protocolos ante incidencias graves
Recrimina que se hayan “debilitado las garantías de los usuarios, eliminando mecanismos que protegían a los ciudadanos cuando el servicio fallaba” y advierte de que el sistema ferroviario sufre retrasos, averías e incidencias constantes que afectan directamente a la vida diaria de los ciudadanos. “Este Gobierno no solo llega tarde a los trenes, también a sus obligaciones y a los ciudadanos”, concluye
Subraya que lo ocurrido hoy “no es un hecho aislado, sino la confirmación de un colapso estructural del sistema ferroviario”, tras la paralización de todos los trenes con origen o destino Madrid, que ha dejado a miles de ciudadanos atrapados y sin alternativas. “No hablamos solo de retrasos, sino de oportunidades perdidas y de un servicio esencial completamente fallido”, afirma
