El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso logró hoy que el Tribunal de Cuentas inste al Gobierno “a revisar de forma exhaustiva todos los expedientes de ayudas aprobadas en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), a fin de garantizar su conformidad con la normativa nacional y europea sobre ayudas de Estado”.
En relación a Air Europa, además de la revisión el Gobierno es instado a explicar los motivos por los que la ayuda a Air Europa esquivó el proceso de revisión y aprobación por la Comisión Europea, al recibir 475 millones pero troceados en dos tramos, uno de 240 millones mediante crédito participativo y otro de 235 mediante crédito ordinario (de superar uno de ellos los 250 millones no habría podido evitar el trámite de la Comisión).
Y también el Ejecutivo tendrá que motivar por qué entre la solicitud de ayuda de Air Europa y su aprobación pasaron solo 75 días y no 300, como la media que tuvieron que esperar el resto de los beneficiarios.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas votó hoy en el Congreso las propuestas de resolución de los Grupos al Informe del Tribunal de Cuentas sobre la actuación de la SEPI en el procedimiento de aprobación de operaciones de respaldo de dicho Fondo, siendo aprobadas las ocho presentadas por el PP, a pesar del rechazo del PSOE a todas y de Sumar a la mayoría, excepto las relacionadas con los mecanismos de control, vínculos con sociedades opacas o interferencias políticas.
Además de las tres propuestas de resolución incluidas en el informe ya explicadas, la Comisión Mixta aprobó las otras cinco del GPP, entre ellas la que insta al Gobierno “a depurar todas las responsabilidades administrativas y políticas que puedan derivarse de posibles irregularidades detectadas en la gestión del Fondo, y a implementar medidas correctoras que eviten su repetición en el futuro”.
También el Ejecutivo es instado a reforzar los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en los procesos de ayudas extraordinarias; y establecer como criterio excluyente en futuras convocatorias la pertenencia de empresas solicitantes a estructuras societarias opacas o vínculos con entidades radicadas en territorios considerados paraísos fiscales.
Finalmente, se reclama al Gobierno que publique íntegramente los informes técnicos de viabilidad utilizados para justificar las ayudas, y a garantizar la independencia de los órganos y entidades encargados de la evaluación de solicitudes de apoyo públicos, “estableciendo procedimientos que prevengan cualquier interferencia de naturaleza política en decisiones de carácter técnico”.
