En la Comisión de Interior
- Vázquez, exige al Gobierno que apruebe “con carácter de urgencia un protocolo específico para incorporar armas no letales a los medios marítimos de la Guardia Civil” que permitan a los agentes sentirse protegidos en la lucha contra el narcotráfico y evitar tragedias como la que costó la vida a dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024
- Denuncia que “dos años después” de aquella tragedia “la situación en el litoral andaluz no ha mejorado. Todo lo contrario, las narcolanchas llegan ya ahora hasta Murcia y se ha incrementado la violencia”. Por eso, urge al Ejecutivo a mejorar la dotación de estos agentes en su lucha contra “organizaciones criminales que han dejado de huir para pasar a la confrontación”, provocando un récord de agresiones en 2024, un 18% más que el año anterior
- “Las armas no letales, como las lanzadoras de proyectiles de impacto cinético controlado, los dispositivos eléctricos de incapacitación, los sistemas de disuasión acústica de largo alcance, los aerosoles de control de masas o los dispositivos luminosos no son un sustituto del arma de fuego, pero pueden sortear los principios constitucionales”, expone
- Por su parte, la portavoz de Migraciones del GPP, Sofía Acedo, alerta sobre el bajo porcentaje de órdenes de expulsión que se ejecutan cada año en España, lo que “evidencia un fracaso del sistema” y saca a la luz “una grave dejación de funciones del Gobierno”
- Para acabar con este problema, que genera inseguridad y un efecto llamada que fortalece a las mafias, el GPP insta al Ejecutivo a actuar en diferentes ámbitos, comenzando por “garantizar la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión” e “impulsar los cambios legislativos necesarios para que aquellos extranjeros en situación irregular y en situación regular que cometan delitos graves o reincidan sean expulsados y no puedan regresar”
- Además, propone “reforzar la cooperación entre la Administración, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las autoridades judiciales, así como “revisar los acuerdos con países de origen y tránsito”, aplicando sanciones a aquellos que no cumplan con su parte del trato
- La diputada del GPP Marta González expone que “Galicia tiene hoy menos guardias civiles de los que necesita”, lo que se traduce en una mayor criminalidad y “un medio rural cada vez más abandonado” ante lo que “el Gobierno sigue sin actuar”
- Afirma que hay un déficit de 20.000 efectivos de la Guardia Civil en toda España, de los que alrededor de 1.000 corresponderían a Galicia. “Esto impide ofrecer un servicio eficaz en zonas rurales y provoca una fuerte sobrecarga de trabajo”, explica, al tiempo que advierte también sobre la falta de medios y también de planificación en el cierre de cuarteles
- Ante esto, la diputada del GPP propone “reforzar la presencia de la Guardia Civil en A Coruña, garantizar la atención presencial las 24 horas, evitar el cierre de cuarteles y reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo”. Además, exige “modernizar los medios materiales” del Cuerpo y mejorar “la coordinación con los ayuntamientos” para dar una respuesta más eficaz a los problemas de seguridad”, así como constituir una mesa de diálogo que desarrolle un plan que atraiga a los agentes a puestos en el medio rural
