La obligación de adquirir un modelo concreto podría favorecer intereses comerciales específicos y generar distorsiones de competencia contrarias al derecho comunitario.
La vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, acusó hoy a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, de proteger al Gobierno de Pedro Sánchez al evitar investigar posibles conflictos de intereses y distorsiones de competencia en la comercialización de balizas V16 obligatorias en España.
En una pregunta parlamentaria, Montserrat preguntaba expresamente a la Comisión si iba a evaluar “si la obligación de adquirir un modelo concreto podría favorecer intereses comerciales específicos y generar distorsiones de competencia contrarias al derecho comunitario”, así como si consideraba que España había adoptado “las medidas suficientes para garantizar transparencia, competencia leal y ausencia de conflictos de intereses”.
Sin embargo, la respuesta de la Comisión evita analizar estos elementos clave. Pese a reconocer explícitamente que “las normas de competencia de la UE prohíben […] prácticas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior” (artículos 101 y 102 del TFUE) y que incluso las actuaciones de los Estados miembros pueden quedar sujetas a estas normas (artículo 106 del TFUE), el Ejecutivo comunitario se limita a afirmar que “no dispone de información concreta sobre posibles conductas o medidas contrarias a la competencia”.
Para Montserrat, esta respuesta demuestra que “existe un marco jurídico europeo claro para actuar ante posibles distorsiones de competencia, pero la Comisión decide no aplicarlo cuando el caso afecta a decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez”.
“Resulta especialmente preocupante que esta respuesta provenga de quien fue ministra en el Gobierno de Sánchez, lo que plantea serias dudas sobre su imparcialidad. No se puede invocar el derecho europeo y, al mismo tiempo, eludir su aplicación por razones políticas”, subrayó.
La eurodiputada lamentó que la Comisión “se escude en tecnicismos y en una supuesta falta de información” en lugar de ejercer su función de supervisión de oficio. “La Comisión debe actuar, investigar y garantizar que no se producen abusos ni favoritismos”, añadió.
Asimismo, recordó que la Comisión Europea tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas de competencia y garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior. “No es aceptable que ante posibles irregularidades que afectan a millones de ciudadanos europeos se opte por una respuesta meramente formalista”, insistió.
Por todo ello, el Partido Popular exige a la Comisión Europea que actúe con independencia, que investigue los hechos con rigor y que garantice que no se producen distorsiones de competencia ni situaciones de privilegio derivadas de decisiones regulatorias nacionales.
“Europa no puede permitirse instituciones que eludan su responsabilidad cuando están en juego la transparencia, la competencia leal y la confianza de los ciudadanos”, concluyó.
