Debido a la “manifiesta ilegalidad” que está llevando a cabo el presidente Puigdemont y su Gobierno, expresada por el Gobierno, entre las medidas sobresale “un sistema de control de pagos” para Cataluña, siendo la misma adoptada para que “ningún euro vaya a financiar una actividad ilegal”. Montoro ha explicado que dicha medida no afectará al ejercicio de las competencias de Cataluña, añadiendo que explicaría los detalles más adelante.
A fin de garantizar los servicios públicos, el Estado sustituirá a la Generalitat en los pagos, asegurando de esta manera y en palabras de Montoro, que “ni un euro financie una actividad ilegal”. Afirma también que “la Generalitat no puede librar ningún tipo de pago que no este lo suficientemente acreditado”, y por eso algunas operaciones, como las de endeudamiento, deberán ser reprobadas por el Ministerio de Hacienda.
