Es a partir de la modificación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos de 2012, y no desde el 2007, cuando se prohíbe a las empresas participadas realizar donativos a los partidos políticos como se contempla en el artículo primero, c: “Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público. Tampoco podrán aceptar o recibir donaciones de empresas pertenecientes al mismo grupo que aquellas, de empresas participadas mayoritariamente por aquellas ni de sus fundaciones”.
