En la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo
La portavoz en la Comisión Mixta con el Defensor del Pueblo, María Eugenia Carballedo, reclama hoy al Defensor del Pueblo que actúe de oficio ante la “grave y sostenida degradación” del transporte ferroviario en España, una situación que —según denuncia—está afectando de forma severa a la movilidad de millones de ciudadanos y comprometiendo la seguridad del servicio público
Subraya que, un año después de las primeras advertencias, el deterioro del Cercanías, la alta velocidad y la media distancia “se ha cronificado”, con retrasos constantes, cancelaciones, averías, roturas de catenaria y trenes circulando sin aire acondicionado. Lamenta además la “ausencia de información y el maltrato” a los pasajeros
Recuerda que esta legislatura queda marcada por el accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas y 120 resultaron heridas, y reprocha que “nadie haya asumido responsabilidades” pese a que las víctimas siguen reclamando una investigación completa. También alerta de que la Fiscalía Europea investiga el uso de fondos europeos destinados a ese tramo ferroviario
Denuncia un “contexto de corrupción sistémica” en el Ministerio de Transportes, con altos cargos investigados y el exministro Ábalos condenado por el Tribunal Supremo. Acusa al Ejecutivo de incumplir la ley al no convocar la conferencia sectorial y de bloquear la aplicación de la Ley de Movilidad Sostenible, que permitiría a los ciudadanos conocer el estado real de nuestra red ferroviaria
Pide al Defensor del Pueblo que ampare a los usuarios y exija al Gobierno una auditoría completa de la red, mantenimiento, certificado, calendario vinculante de actuaciones y la recuperación de las indemnizaciones por mal funcionamiento. “Los españoles merecen un servicio ferroviario fiable, seguro y gestionado con transparencia”, concluye
