Asimismo, aporta soluciones a más de 500 mil ciudadanos que se vieron afectados por la anterior normativa de 1988, y se prevé que puede facilitar la generación de cerca de 150 mil empleos directos y unos 2000 millones de euros relacionados con la actividad económica en la costa.
El Grupo Parlamentario Popular celebra que la aprobación del Reglamento permita la protección de nuestro litoral, a la vez que poner fin a una inseguridad jurídica insostenible, respetando escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas y del resto de administraciones.
