En el debate en Pleno de la Proposición no de Ley del GPP
La portavoz adjunta del GPP señala que en España solo se ejecutan siete de cada 100 órdenes de expulsión que se dictan, teniendo en cuenta que entre enero y septiembre de 2025 nuestro país notificó más de 41.000 órdenes de expulsión, por lo que no estamos ante “un fallo puntual”. “Es un fracaso estructural y lanza un mensaje devastador: en España incumplir la ley sale gratis”, dice
Advierte asimismo de que “España no puede ser el país que dicta órdenes que no ejecuta y que convierte la irregularidad en antesala de la regularización automática”
“A un ciudadano español se le exige un certificado oficial negativo de antecedentes penales para acceder a un empleo público o a determinadas actividades y, sin embargo, a quien ha entrado o permanecido ilegalmente en España se le va a permitir regularizar su situación con una manifestación unilateral”, apunta sobre la mayor regularización masiva de inmigrantes irregulares de nuestra historia a manos de Pedro Sánchez
“¿De verdad creen que eso refuerza la seguridad jurídica? ¿Que eso protege a los españoles y también a los inmigrantes que sí cumplen las normas?”, plantea sobre una regularización que “no solo es injusta para los ciudadanos españoles, sino también para quienes han venido legalmente y han esperado años en trámites burocráticos interminables”
“Mientras nuestros socios endurecen sus políticas de retorno, España anuncia papeles para todos y así nos convertimos en el coladero del espacio Schengen”, incide en relación con “el potente efecto llamada” que las mafias están ya utilizando
Resalta que “la propia Fiscalía General del Estado ha advertido de los retrasos y dificultades para materializar expulsiones por colapso judicial, imposibilidad de localización o falta de cooperación consular”. “Es decir, el sistema no funciona y, en lugar de arreglarlo, el Gobierno ha optado por desactivarlo por la vía de la regularización masiva”, denuncia
Además de garantizar la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión, exige al Gobierno “aprobar los cambios legislativos necesarios para expulsar a los extranjeros condenados por delitos graves o reincidentes, especialmente en delitos contra la libertad sexual, impidiendo su retorno”
También reclama “reforzar la cooperación judicial y policial para acortar plazos y evitar dilaciones indebidas; revisar los acuerdos con países de origen y tránsito, introduciendo consecuencias diplomáticas o económicas cuando no colaboren en la readmisión; así como reforzar los medios humanos y tecnológicos de nuestras FyCSE y la cooperación con Frontex”
“Esto no va de humanidad frente a firmeza, va de Estado de Derecho, de que las resoluciones administrativas y judiciales se cumplen, de que quien comete delitos graves o reincide dolosamente no puede seguir en nuestro país como si nada hubiera pasado”, añade sobre las propuestas recogidas en la Proposición no de Ley del GPP debatida hoy y que es “coherente” con el nuevo Reglamento de Retorno presentado por la Comisión Europea
Destaca que dicho reglamento, que es “directamente aplicable y vinculante para todos los Estados miembros”, exige que “cuando alguien reciba una orden de salida de la Unión, efectivamente abandone la Unión”
“¿Qué credibilidad tendrá España cuando entre en vigor plenamente este Reglamento si hoy ejecuta solo el 7 % de sus órdenes de expulsión? ¿Cómo vamos a participar en un sistema de reconocimiento mutuo de decisiones, si estas no se cumplen? ¿Qué confianza van a depositar en nosotros los demás Estados miembros?”, pregunta
“España necesita una política migratoria de Estado: con autoridad única, control efectivo de fronteras, criterios objetivos y verificables para cualquier regularización individualizada, y retorno ordenado para quienes no cumplan los requisitos”, hace hincapié puesto que el Gobierno “no puede seguir trasladando a las comunidades y a los ayuntamientos los costes de la improvisación, no pueden tensionar más los servicios públicos legislando sin planificación ni memoria económica”
