En la Comisión de Juventud e Infancia
- La portavoz adjunta del GPP, Ana Alós, asegura que “han tardado 26 días en reaccionar” ante una crisis que el Gobierno gestionó “con una combinación letal de negligencia, incompetencia e improvisación”, y reclama explicaciones sobre qué ha hecho el Ministerio de Juventud e Infancia durante estas semanas
- Recrimina al Ejecutivo que, mientras prometió que “todas las personas que habían entrado de forma irregular serían devueltas a Marruecos”, un mes después “por parte del Gobierno no se ha hecho nada para cumplir con lo que se comprometió”
- Afirma que lo ocurrido el pasado 30 de julio “no fue un episodio migratorio más”, sino “un ataque a la soberanía nacional y una crisis de seguridad” que había sido advertida por los servicios de inteligencia y que el Gobierno “decidió ignorar”
- Señala que Ceuta se encuentra “colapsada”, con el Poder Judicial reclamando esfuerzos, Extranjería sin personal suficiente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desbordadas y las Fuerzas Armadas “sin poder actuar ni defenderse”
- Critica que el Gobierno haya convertido “las competencias exclusivas del Estado, la política migratoria y la seguridad nacional en una carga estructural para las comunidades autónomas”, empezando por la propia ciudad de Ceuta
- Pide que se explique cuántos menores permanecen actualmente en Ceuta y denuncia las contradicciones en las cifras ofrecidas por el Gobierno, y más cuando hoy Pedro Sánchez ha dado una cifra diferente, “no se ponen de acuerdo”
- Considera que el Ejecutivo no ha iniciado “el único camino que de verdad protege a estos menores”: “la reunificación con su familia o la puesta a disposición de los sistemas de protección de las autoridades marroquíes”
- Recuerda que la Ley de Extranjería contempla expresamente la repatriación de menores extranjeros no acompañados y que España dispone de un acuerdo bilateral con Marruecos que obliga a ambos países a cooperar en su identificación y “retorno concertado”
- “Marruecos tiene también la obligación de tener su sistema de protección de menores, no me hable usted solo de derecho de los menores, porque también existe la obligación de proteger a esos menores frente a su instrumentalización. El propio acuerdo de Marruecos obliga a ambos países a prevenir el uso de menores como mecanismo para facilitar entradas irregulares”, agrega
- Sostiene que “no hay ningún obstáculo legal insalvable”, sino “ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige”, y reclama que los retornos se hagan con procedimiento y garantías, “uno a uno, pero todos”
- Remarca que la sentencia sobre las devoluciones de 2021 “no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal”, sino que fueron ilegales aquellas devoluciones porque se hicieron “sin procedimiento, sin información individualizada, sin audiencia al menor” y sin valorar cada situación
