En la comparecencia del ministro del Interior ante el Pleno
- La portavoz de Inmigración del Grupo Popular, Sofía Acedo, denuncia que la renuncia del Ejecutivo de Sánchez al control de los flujos migratorios irregulares y a la ejecución de los retornos ha provocado la entrada en España de más de 330.000 personas en situación de irregularidad
- Frente al caos y a la inacción de Sánchez, más preocupado por sobrevivir a la corrupción que le acorrala que por gobernar, defiende la necesaria y ambiciosa nueva orden de retorno de la Comisión Europea, que va en línea de la propuesta del Partido Popular y tiene como propósito abordar las deficiencias del sistema actual para mejorar su eficacia
- “La UE, y especialmente España, debemos reforzar nuestras fronteras exteriores y esta nueva propuesta incorpora normas comunes y claras para los retornos que eviten fugas, el reconocimiento mutuo de las decisiones de expulsión entre los Estados miembros, así como una prohibición de entrada para las devoluciones forzosas”, explica
- Recalca que el Ejecutivo de Sánchez es precisamente “el ejemplo” de lo que no hay que hacer. “Siendo España uno de los países con mayor número de órdenes de retorno, su gobierno se encuentra en los niveles más bajos de retornos ejecutados de nuestra historia: entre el 4% y el 5% anual”, lamenta
- “Si cada vez son más las personas que llegan a nuestro continente por vías irregulares, y concretamente a nuestro país, y no se ejecutan los retornos, las devoluciones o las expulsiones se provoca una irregularidad sobrevenida que aboca a las personas a la mayor de las vulnerabilidades: la de no poder vivir ni trabajar en la UE”, subraya
- Agrega que esta situación de vulnerabilidad les expone “a riesgos extremos en manos de mafias de tráfico de personas y de explotación laboral y sexual, especialmente a mujeres y niñas”
- Recrimina también a Marlaska “el lío de primer nivel” con el nuevo reglamento de extranjería, que ya se encuentra en el Tribunal Supremo a instancias de las entidades sociales, y le reprocha que en vez de cumplir con su obligación de llevar al Parlamento la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo en diálogo con los grupos políticos, las comunidades y ciudades autónomas, lo haya hecho “en solitario y de manera unilateral”
