En el Pleno del Congreso
El secretario general adjunto del GPP en el Congreso, Ángel Ibañez, denuncia que el nuevo Real Decreto-ley sobre jubilación parcial constituye “una respuesta urgente a una avería normativa provocada por el propio Gobierno”, y que vuelve a evidenciar la falta de previsión en la reforma del contrato de relevo y su adaptación al acceso al empleo público
A su juicio, la Función Pública española se está regulando mediante una acumulación de decretos-leyes, disposiciones adicionales, regímenes transitorios y medidas sectoriales que se aplican “cuando los problemas ya les sobrepasan”. Critica que el Ejecutivo actúe sin estrategia ni planificación, afectando a servicios esenciales y a los servidores públicos
Señala que más de 3.200 oficinas de atención ciudadana sufren saturación, demoras, falta de citas y déficits de personal en ámbitos como la Seguridad Social, el SEPE, la Administración penitenciaria o las oficinas de extranjería. Recuerda que, pese a anunciar ofertas de empleo público con más de 25.000 plazas, existen más de 9.000 sin cubrir de las convocatorias de 2023, 2024 y 2025, según denuncian las organizaciones sindicales
Advierte de un problema de temporalidad persistente que mantiene en vilo a miles de empleados públicos tras las recientes sentencias del TJUE y del Tribunal Supremo, y denuncia ataques continuados a los habilitados nacionales. Enumera los compromisos pendientes del Gobierno, como la carrera profesional, la evaluación del desempeño con garantías, la reducción efectiva de la temporalidad, la dirección pública profesional y la modernización de los procesos selectivos
Afirma que el “Óscar” al descaro, se lo lleva el ministro de Función Pública, Óscar López “que ha mostrado el mayor desprecio a la Administración de Justicia cuando aseguró: ‘Hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno”
Sostiene que la Función Pública debe ser una institución del Estado, neutral y sometida a la ley, y no una herramienta del partido en el Gobierno. Ante la situación actual, anuncia que un futuro Ejecutivo del Partido Popular impulsará una reforma integral y negociada, una planificación plurianual de recursos humanos, la ejecución de las ofertas de empleo pendientes, una solución constitucional frente al abuso de temporalidad, la recuperación de la dirección pública profesional, la captación de talento tecnológico, sanitario y científico y la modernización de los procesos selectivos
