Presenta, además, una Proposición no de Ley y una exhaustiva batería de preguntas
El PP ha lanzado una ofensiva parlamentaria en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno cumpla sin trampas el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y explique en qué estudios, informes o evaluaciones se basó para aprobar su proceso de regularización masiva.
Por un lado, el Grupo Popular en el Congreso, dirigido por Ester Muñoz, ha registrado una Proposición no de Ley “para garantizar la correcta implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en España”, para su debate y votación en el Pleno de la Cámara Baja.
La exposición de motivos de la Proposición señala que, lejos de anticiparse a los desafíos que plantea el nuevo marco europeo, “el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una preocupante opacidad sobre el estado de ejecución del Plan Nacional de implementación y sobre los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los nuevos procedimientos y plazos establecidos por la UE a este respecto”.
SEIS PUNTOS
La iniciativa, que consta de seis puntos, insta en primer lugar al Gobierno a “tramitar, con carácter urgente, todas las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para completar la adaptación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo al ordenamiento jurídico español”.
En segundo lugar, se reclama al Ejecutivo que remita a las Cortes “un informe detallado sobre el grado de ejecución” de dicho plan. Además, en tercer punto, se le exige “reforzar de manera inmediata los recursos humanos, materiales y tecnológicos destinados a su aplicación” y, como cuarto punto, tendría que impulsar, en colaboración con todas las Administraciones implicadas, un plan específico que garantice información permanente y participación efectiva de las mismas, “suficiencia financiera y el cumplimiento de los nuevos procedimientos en las fronteras y sus plazos”.
En el quinto punto, se demanda al Ejecutivo “garantizar de forma inmediata que se dispone de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la aplicación efectiva del procedimiento de triaje, así como de los nuevos procedimientos de asilo y de retorno en frontera”.
Por último, el sexto punto de la iniciativa insta al Gobierno a “votar a favor del Acuerdo Provisional sobre el Reglamento de Retornos alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, y garantizar su aplicación efectiva desde el momento de su entrada en vigor”.
BATERÍA DE 22 PREGUNTAS SOBRE LA REGULARIZACIÓN MASIVA
En cuanto a la batería de preguntas presentadas, el PP señala que “la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno y que se inició el pasado 16 de abril ha estado marcada desde su inicio por la improvisación, la falta de planificación y el colapso de numerosas oficinas encargadas de tramitar las solicitudes”.
Añade que “las imágenes de largas colas, la insuficiencia de medios habilitados inicialmente y la necesidad de adoptar medidas de refuerzo apenas iniciada la campaña evidencian que el Ejecutivo ha puesto en marcha un procedimiento de enorme alcance sin disponer de una estructura adecuada para poder gestionarlo”.
“A ello se suma la falta de datos oficiales completos y actualizados sobre el número de solicitudes presentadas hasta la fecha, su distribución territorial, los perfiles de los beneficiarios y el impacto que la medida está teniendo sobre la Administración y los servicios públicos”, denuncia el PP.
PREGUNTAS SOBRE EL IMPACTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Entre las 22 preguntas, figuran las relativas a los estudios realizados sobre el impacto del proceso de regularización en la demanda de vivienda pública, de servicios sociales y escolarización, saturación de recursos públicos, concentración de población inmigrante en determinadas zonas urbanas, número total de solicitudes y expedientes registrados por comunidad autónoma y provincia, y refuerzos de personal incorporados para gestionar todo el proceso.
Asimismo, se piden explicaciones al Ejecutivo por el número de expedientes resueltos, indicando las causas de inadmisión o rechazo de los mismos, y si tiene previsto ampliar el plazo de presentación de solicitudes, además de que detalle cuáles son las diez principales nacionalidades de los demandantes de la regularización, indicando el porcentaje que representan sobre el total.
Además, se pregunta cuántas denuncias ha registrado la Administración del Estado relacionadas con falsedad documental, empadronamientos fraudulentos o certificados falsos, así como “cuántas solicitudes han sido rechazadas hasta la fecha tras comprobarse que los solicitantes contaban con antecedentes penales y cuántas solicitudes corresponde a personas que poseen antecedentes policiales, especificando cuántas de ellas han sido admitidas, denegadas o están pendientes de resolución”.
El Grupo Popular también ha registrado la petición de comparecencias en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la titular de Migraciones, Elma Saiz, para que informen del desarrollo y falta de previsión del Gobierno en el proceso de regularización masiva y su impacto en los servicios públicos, la red consular, el sistema de protección internacional y la seguridad nacional.
