El PP logra que se apremie al Gobierno a adoptar medidas urgentes contra el déficit de 800.000 viviendas en España y para impedir que la pobreza se cronifique

18 JUN, 2026

En la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

  • El portavoz de ODS del GPP, Joan Mesquida, denuncia la grave crisis habitacional y el incumplimiento del ODS-11 para el desarrollo de ciudades sostenibles, así como el alarmante desequilibrio entre la oferta y la demanda de inmuebles, agravado por un déficit de 800.000 viviendas, de los que responsabiliza al Gobierno por haber destruido la confianza entre inquilinos y propietarios
  • Censura asimismo que los planeamientos urbanísticos demoren una media de diez años en España y que las licencias de obra tarden hasta dos años en otorgarse
  • Por todo ello, exige a los miembros del PSOE que sean valientes y exijan a la presidenta Armengol que deje de bloquear las leyes del PP, como la ley antiokupación que lleva desde febrero del 2024 en el congelador de Armengol, y exige que, si de verdad quieren solucionar los problemas de la gente para acceder a una vivienda, “dejen de bloquear nuestras leyes y presenten las suyas, porque ellos retiraron la modificación de la ley del suelo por disputas entre los dos socios del Gobierno”
  • El portavoz de Alimentación del GPP, Javier Folch, denuncia que el Gobierno está incumpliendo los compromisos de la Agenda 2030 en materia de pobreza y alimentación, pese a ser una potencia agroalimentaria, y recuerda que “12,6 millones de personas viven en situación de vulnerabilidad” y que “la alimentación ya se ha convertido en un bien de lujo”, situación que califica de “inaudita”
  • Acusa al Ejecutivo de presumir de buenos datos macroeconómicos mientras la realidad de las familias se deteriora, “esos datos macroeconómicos de los que tanto presume el Gobierno, nada tienen que ver con la economía real de las familias”, cada vez más afectadas por la pérdida de poder adquisitivo
  • Advierte del “crecimiento desmesurado de la inseguridad alimentaria”, que afecta especialmente a familias con menores, personas mayores y trabajadores pobres, y considera que esta situación supone “un fracaso del ODS 2 (Hambre Cero)” y evidencia que las políticas públicas actuales no garantizan el derecho básico a la alimentación
  • Recrimina que la Agenda 2030 se utilice “como un instrumento ideológico o propagandístico” mientras empeora la situación de miles de hogares, al tiempo que defiende que debe ser “un mecanismo de compromisos reales” para construir sociedades más justas y evitar que una necesidad básica como la alimentación se convierta en un lujo