En la Comisión de Derechos Sociales y Consumo
• El portavoz adjunto de Derechos Sociales del GPP, Antonio Martínez, exige al Gobierno la revisión inmediata del programa de turismo social del IMSERSO, tras el “fracaso” de la última convocatoria, marcada por la caída de la demanda, plazas vacías y el malestar creciente entre los usuarios
• Denuncia que el modelo “está agotado”, que las plazas ofertadas siguen estancadas pese a que más de cuatro millones de mayores están inscritos, y que los recargos y la falta de planificación han generado incertidumbre
• Pide evaluar los fallos, actualizar criterios y recuperar la esencia de un programa que durante décadas ha garantizado bienestar, envejecimiento activo y empleo en temporada baja. “Nuestros mayores merecen respeto, calidad y un IMSERSO a la altura”, concluye
• La diputada del Grupo Popular, Elisa Vedrina, pide en el Congreso una estrategia real y operativa contra la soledad no deseada, y critica que el Gobierno solo haya aprobado un “marco ideológico” sin objetivos medibles, financiación ni acciones concretas
• Reclama la detección temprana, servicios de proximidad, apoyo domiciliario y refuerzo de redes comunitarias, así como más respaldo a familias, voluntariado y entidades sociales
• De igual modo, apunta que la soledad afecta ya a uno de cada cinco españoles y que su coste equivale al 1,17 % del PIB, por lo que exige políticas útiles y evaluables que ofrezcan acompañamiento real a quienes viven situaciones de aislamiento
• El diputado del GPP, Antonio Román, denuncia el abandono del CAMF de Guadalajara, recordando que el propio Gobierno reconoció la urgencia de una reforma integral para corregir deficiencias estructurales y mejorar la accesibilidad. Señala que incluso se llegó a licitar el proyecto de remodelación, pero nunca se ejecutó, dejando al centro y a sus usuarios en una situación de incertidumbre
• Sin embargo, el Ejecutivo renunció en julio de 2024 a adjudicar el contrato por “inviabilidad económica” y falta de financiación futura, explica. Esta decisión ha tenido consecuencias directas: el propio Gobierno admitió que se ralentizó la admisión de nuevos usuarios por unas obras que finalmente no se ejecutaron,
provocando que el centro haya pasado de más de 110 plazas ocupadas a apenas 75, quedando infrautilizado y sin la reforma prometida, apunta
• Exige que el Gobierno cumpla con el CAMF y con las personas con discapacidad que residen en él. “Tanto el Gobierno central como el de Castilla – La Mancha han mostrado interés en asumir la gestión del centro”, concluye
