Sayas denuncia el “secuestro legislativo” del Congreso y exige aprobar ya la Ley Antiokupación para “proteger a las familias”

En el Pleno del Congreso

• El portavoz adjunto del GPP en el Congreso, Sergio Sayas, denuncia la “anomalía democrática” que supone que la Ley Antiokupación del PP lleve más de 24 meses bloqueada por decisión de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, “secuestrando todas las iniciativas que no proceden del Ejecutivo o del PSOE”
• Recuerda que la ley fue aprobada por el Senado en 2024 y enviada al Congreso, “pero Sánchez y Armengol han impedido que se vote, ampliando el plazo de enmiendas más de 85 veces para evitar una derrota parlamentaria”
• Subraya que, mientras el Gobierno mantenía paralizada la iniciativa, la okupación ilegal ha crecido exponencialmente, afectando ya a más de 100.000 viviendas en España y generando “una sensación de desamparo absoluto entre miles de familias”
• Explica la propuesta del PP que plantea medidas “de puro sentido común”, entre ellas: Desalojo en 24 horas de los okupas, endurecimiento de penas para los mismos y mafias organizadas, impedir el empadronamiento de quienes ocupan ilegalmente
• Además, permitir cortar suministros a quienes entren de forma ilícita en una vivienda y dar más herramientas a las comunidades de propietarios para denunciar
• Advierte de que las políticas del Ejecutivo “han blanqueado la okupación y expulsado del mercado del alquiler a más de 265.000 viviendas”, agravando el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias trabajadoras
• Pide al resto de formaciones que “escuchen el clamor social” y apoyen una ley que “devuelve seguridad, protege la propiedad y combate a las mafias”, concluye que “la vivienda es hoy el mayor drama social de España y millones de ciudadanos no pueden esperar más”
• Por otro lado, considera de “extrema gravedad” la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta vinculación con el caso Plus Ultra, un hecho sin precedentes en la historia democrática española
• En este sentido, exige al Gobierno aclarar por qué determinadas personas habrían pagado supuestamente al presidente Sánchez para obtener favores y qué gestiones se realizaron en nombre del Ejecutivo. Caso Plus Ultra
• De igual modo, denuncia que el Ejecutivo intenta “blanquear” a los implicados, pese a la acumulación de casos que afectan al entorno del presidente y sostiene que España no puede soportar más un Gobierno “sumido en la corrupción” y reclama la convocatoria de elecciones para que los ciudadanos decidan en las urnas