En la Comisión de Juventud e Infancia
- El portavoz de Juventud e Infancia del GPP, Miguel Ángel Sastre Uyá, revela que estamos viendo “al Partido Socialista muy nervioso y no sabemos si es por la imputación de su expresidente, su referente moral Zapatero, o es por la paliza que le ha dado el Partido Popular en Andalucía”
- En cualquier caso, pide dejar a un lado los problemas judiciales del Ejecutivo para centrarse en las prioridades de la gente y, concretamente, en el relevo generacional que “es una emergencia silenciosa que afecta tanto a núcleos urbanos como a zonas rurales”. “Hablamos de que en los próximos cinco años casi medio millón de autónomos se van a jubilar, y que los autónomos menores de 30 años son solo uno de cada diez aproximadamente”, expone
- Para abordar esta problemática, pone sobre la mesa la necesidad de hacer un “buen diagnóstico”, implementar “medidas que sean eficaces” y reducir la “burocracia y los impuestos que asfixian” a estos empresarios cuya labor es fundamental. “Si estos negocios se mueren, nuestro entorno donde vivimos también se muere y una parte de nosotros se irá con ellos”, señala
- La diputada del GPP Violante Tomás denuncia que “hasta 2020, para solicitar una beca, los alumnos con estas necesidades educativas especiales derivadas de su discapacidad podían acreditar esta condición mediante un certificado”, pero que actualmente tienen “que acreditar un grado de discapacidad”, lo que “discrimina y excluye” a un gran número de niños y ocasiona importantes gastos a sus familias
- “Hay muchos menores y jóvenes cuyas familias tienen que sacrificarse y renunciar a cubrir otras necesidades para que sus hijos reciban el apoyo que necesitan”, explica, al tiempo que recuerda que hace tres meses “el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomendó a España que las ayudas al estudio fueran independientes del grado de discapacidad, una advertencia que el Ministerio de Educación ha decidido ignorar en su último real decreto”
- Argumenta que “un Gobierno no puede presumir de progresista si las acciones que lleva a cabo no suponen progreso para las personas, sino un flagrante retroceso” y exige a los diputados del PSOE y de Sumar, “que sostienen al Ejecutivo” que “retrocedan hasta 2020 para avanzar, porque lo que se ha hecho desde entonces es retroceder en los derechos de las personas más vulnerables”
- El diputado del GPP Daniel Pérez lamenta que el problema de la vivienda se haya convertido en “una condena generacional” y que un joven ya “no sueña con comprarse una casa, simplemente sueña sólo con poder emanciparse”
- Culpa al Gobierno de haber aplicado una política que ha encarecido el acceso a la vivienda, con “menos oferta, mayor edad de emancipación y alquileres más caros”. “Y lo más increíble, y ustedes lo saben, es que sus leyes no funcionan”, sentencia
- Reclama la creación de “una hucha para menores de 40 años que permita realizar aportaciones anuales de hasta 2.000 euros con un límite acumulado de 40.000 euros y una deducción del 20% en el IRPF”, además de “eximir de tributación los rendimientos generados por la hucha siempre que su destino sea la adquisición de vivienda habitual”
