El Partido Popular denuncia que la Fiscalía General del Estado ha dado un nuevo paso en su deriva de sometimiento al Gobierno al negarse a reducir la petición de pena a Víctor de Aldama, pese a su colaboración con la Justicia en el ‘caso Mascarillas’, el cual afecta directamente al núcleo duro de Pedro Sánchez, con el ex ministro y ex número 2 del PSOE, José Luis Ábalos, y el ex asesor del Ejecutivo y avalista de las primarias de Sánchez, Koldo García.
Esta decisión de la Fiscalía rompe con el principio básico de que colaborar con la Justicia en contra de la corrupción tiene consecuencias jurídicas favorables en forma de beneficios a la hora de la petición de penas. Una posición que evidencia una contradicción flagrante incluso con el discurso que hasta ahora mantenía el propio Gobierno, que llegó a impulsar en 2024 una nueva Autoridad Independiente de Protección al Informante para, supuestamente, proteger y fomentar las denuncias de corrupción. La aprobación de esta Autoridad, de hecho, llegó el mismo día en el que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunciaba un indulto, por parte de Moncloa, a un acusado de corrupción con la excusa de haber colaborado con la Justicia.
Hoy vemos la realidad: se promete protección institucional mientras se castiga en la práctica a quien da un paso al frente si sus revelaciones incomodan al Gobierno. Es decir, en España, bajo el sanchismo, colaborar con la Justicia solo compensa si es en contra del PP y a favor del Gobierno. De hecho, con esta falta de protección a quien colabora con la Justicia, el Ministerio Fiscal actúa como un apéndice político más, alineando sus decisiones con los intereses del Ejecutivo, en lugar de con los principios de legalidad e imparcialidad.
Esta postura por parte de la Fiscalía lanza un mensaje demoledor para la arquitectura institucional de España, que redunda en los ataques a la Justicia por parte del propio Gobierno y en las declaraciones de Pedro Sánchez, presumiendo de su poder y manoseo sobre la Fiscalía.
EL PP EXIGE LA COMPARECENCIA DE FÉLIX BOLAÑOS
En este sentido, el Partido Popular ha registrado la petición de comparecencia del ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para que explique la situación actual de la comentada Autoridad Independiente de Protección al Informante, ante la ausencia de presupuesto propio, la dependencia del Ministerio o la insuficiente capacidad de recursos humanos.
En la solicitud, el PP denuncia las carencias estructurales de dicha Autoridad y exige a Bolaños un calendario concreto, los recursos previstos y los instrumentos normativos y de gestión para corregir dichas deficiencias y garantizar una protección real y homogénea de la personas informantes y un funcionamiento eficaz de la lucha contra la corrupción.
PERAMATO, AL CONGRESO
Este fin de semana, el Partido Popular también ha exigido la comparecencia de la Fiscal General del Estado, Teresa Peramano, por la “purga” que está suponiendo su política de nombramientos dentro del Ministerio Fiscal, después de haber rechazado la continuidad de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en favor de una fiscal 800 puestos por debajo en el escalafón; o el caso de la esposa del condenado Álvaro García Ortiz, que ha sido propuesta para la plaza de Teniente de la Fiscalía Superior de Galicia pese a haber concurrido con siete candidatos más y haber quedado penúltima en el escalafón.
El PP denuncia el patrón preocupante de control político de la Fiscalía por parte del sanchismo en un país que no puede normalizar que el Ministerio Fiscal premia o castigue a colaboradores con la Justicia en función de si su colaboración beneficia o perjudica al Gobierno de Sánchez. La regeneración institucional pasa por garantizar la independencia real de la Fiscalía, proteger de verdad a los informantes y acabar con el uso partidista de las instituciones. Porque sin Justicia independiente, no hay Estado de derecho.
