En el Pleno del Congreso de los Diputados
La mayoría Congreso de los Diputados rechaza la regularización masiva de inmigrantes del Gobierno. De este modo, el Grupo Parlamentario Popular logra el respaldo del Pleno a su Moción que insta al Ejecutivo a renunciar, de inmediato, a la regularización extraordinaria de inmigrantes por carecer de requisitos, ir en contra de los principios europeos y de los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
El segundo punto de la Moción del PP exige al Gobierno llevar a cabo, de manera efectiva, las órdenes de retorno, a revisar los acuerdos en materia migratoria con terceros países, así como garantizar la expulsión de extranjeros que han cometido delitos graves o son reincidentes.
Los populares, con los votos de Vox, Junts y UPN, logran sacar adelante su Moción que exige al Gobierno retirar su proyecto normativo que, según las estimaciones independientes, podría beneficiar a un millón o incluso 1,2 millones de personas si se computan las reagrupaciones familiares, frente a las 500.000 que sostiene el Ejecutivo.
EL PP EN DEFENSA DE LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS EN EL MUNDO
Por otro lado, el PP también saca adelante su Proposición no de Ley en defensa de los cristianos perseguidos en el mundo y que reclama que la libertad religiosa no sea un privilegio para creyentes, sino un derecho fundamental, en línea con el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La iniciativa, aprobada con los votos de Vox y UPN y que consta de seis puntos, insta al Gobierno a impulsar en organismos internacionales como la UE, el Consejo de Europa y la ONU resoluciones firmes que condenen las masacres contra minorías cristianas, reconociéndolas como graves violaciones de derechos humanos o incluso crímenes de lesa humanidad. También plantea la creación de mecanismos internacionales para investigar estos hechos y juzgar a los responsables, junto con campañas de sensibilización en España y Europa que promuevan el respeto y la tolerancia religiosa.
Además, reclama que la libertad religiosa y la protección de estas minorías sean condiciones en los acuerdos internacionales de España y la UE con otros países. Por último, pide que se desarrollen medidas de protección para comunidades religiosas en riesgo, especialmente en zonas afectadas por violencia o extremismo, con el fin de evitar desplazamientos forzosos y permitir que puedan permanecer en sus territorios de origen.
