Pese al voto en contra del PSOE y de Sumar en las votaciones del Pleno
El Grupo Parlamentario Popular ha logrado hoy el respaldo del Pleno del Congreso de los Diputados a su Moción de ocho puntos, que conforma un ambicioso plan de propuestas sobre vivienda, siendo una de ellas “bajar el IVA de adquisición de la primera vivienda nueva del 10% al 4%, tal y como han hecho muchas CC.AA., y permitir el fraccionamiento del IVA y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales al ritmo del pago de la hipoteca”.
Otro de los puntos más relevantes de la Moción del GPP que ha sido respaldada por el Pleno, insta al Gobierno a “eliminar o bonificar el IRPF a los jóvenes durante los primeros 4 años de su vida laboral, de manera progresiva, para que puedan ahorrar dinero que destinen a la compra o el alquiler de una vivienda”.
Cabe destacar que el PSOE se ha opuesto a la aprobación de estas dos ambiciosas medidas, que han salido adelante pese al voto en contra de los socialistas y de Sumar.
Además de la aprobación de estas dos medidas, la Moción cuenta con seis puntos más, siendo otro de ellos un plan para construir un millón de viviendas, generando las condiciones favorables en el mercado para que, entre el sector público y privado, se pueda iniciar su construcción en las zonas de mayor demanda.
Otras de las propuestas aprobadas plantean: fomentar la colaboración público-privada en la promoción y construcción de viviendas; movilizar y a poner a disposición del mercado todo el suelo público que tenga la Administración General del Estado para dedicarlo al alquiler de vivienda asequible; permitir el uso de los remanentes de los ayuntamientos para destinarlos a inversión en vivienda asequible; y elaborar un plan de reducción de trabas administrativas y de las reformas necesarias para tratar de reducir los plazos medios de producción de 10 años a 4.
En último lugar, el PP reclama al Gobierno apoyar a las familias en riesgo de pobreza o con importantes necesidades sociales que tienen problemas para pagar su vivienda y restablecer la seguridad jurídica perdida de los propietarios, no cargando sobre ellos la responsabilidad de atender estas situaciones que debe asumir el Estado.
