Debate en pleno en Estrasburgo
El Partido Popular denunció hoy en el Parlamento Europeo el peligro que supone la regularización masiva de inmigrantes irregulares propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por las graves consecuencias que generará sobre el resto de los países de la Unión Europea, el efecto llamada que provoca y la potenciación de las mafias de trata de personas.
La vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, recalcó que se trata de una regularización masiva que Sánchez pretende imponer “a ciegas, sin verificar si tienen antecedentes penales y policiales” y “a la fuerza, por decreto, sin aprobación ni debate en el Parlamento nacional”. La eurodiputada calificó la medida de “atentado contra la política migratoria europea” y enumeró sus efectos directos: “Sabotea el Pacto de Migración y Asilo. Abre una brecha de seguridad en Schengen. Alimenta a las mafias. Y dispara el efecto llamada”.
Montserrat subrayó que se trata de “una decisión unilateral con consecuencias devastadoras para los 27 Estados miembros” y alertó de la irresponsabilidad de “dar papeles para todos sin garantizar un futuro”: “no mejora la vida de nadie, alimenta la economía sumergida, incrementa la presión sobre los servicios públicos, genera frustración social y rompe la convivencia en barrios enteros”.
La eurodiputada advirtió además del impacto inmediato en el espacio Schengen y preguntó directamente al comisario europeo: “¿Son conscientes de que en 48 horas esos inmigrantes circularán libremente por Schengen?”.
Dirigiéndose al comisario Magnus Brunner, Montserrat recordó que países del Mediterráneo como Grecia e Italia, gobernados por el Partido Popular Europeo, “han cumplido” y que en solo dos años han reducido la entrada de inmigrantes irregulares en más de un 50%.
En contraste, denunció que “Sánchez es el único que mantiene la puerta abierta para que las mafias que utilizan el drama humano de la inmigración”. “Esto, señor comisario, no es política migratoria. Es sectarismo. No es integración. Es efecto llamada. Y no es humanidad. Es negocio criminal”, manifestó.
“Sánchez, con esta operación, quiere tapar su corrupción y su hundimiento en las urnas, manipular el censo electoral e inflar a los extremos para perpetuarse en el poder”, insistió. Por todo ello, reclamó una reacción inmediata de la Comisión Europea: “Le pido, comisario: active el mecanismo de consulta. Y exija explicaciones”.
Por su parte, el eurodiputado del Partido Popular y presidente de la comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, advirtió de la confusión que el planteamiento español está generando entre los socios europeos. “La política migratoria en España, para la izquierda, consiste en regularizar a 600.000 inmigrantes y, para los llamados patriotas, expulsar a 600.000”, lamentó sobre la polarización que ha alimentado el Gobierno.
Zarzalejos afirmó que “estamos en el disparate y la mentira” y dejó claro que su grupo no participará en ese enfoque. “No nos vamos a unir a este disparate”, aseguró, antes de defender una política migratoria basada en la ley y en criterios realistas: “Vamos a seguir liderando políticas firmes, responsables, efectivas y posibles para regular la inmigración de acuerdo con la ley”.
El eurodiputado advirtió de que la propuesta planteada no supone una ampliación de la legalidad, sino su vulneración: “Esta regularización no significa extender la legalidad. Significa eludir la legalidad”. En este sentido, cuestionó el concepto de arraigo utilizado en la iniciativa al señalar que “cinco meses de estancia no generan arraigo, ni en España ni en ningún país”, y alertó de los riesgos de relajar los requisitos legales, ya que “la acreditación de antecedentes penales no puede sustituirse por una llamada ‘declaración responsable’”. Asimismo, rechazó cualquier actuación unilateral con impacto europeo: “No se puede actuar unilateralmente, tomando decisiones de impacto masivo para los demás socios europeos y para terceros países”.
Zarzalejos defendió la igualdad ante la ley y el respeto a quienes cumplen las normas: “No se puede discriminar negativamente a quienes viven y trabajan legalmente en España”. Reclamó un enfoque basado en la legalidad y en criterios objetivos: “Por tanto, legalidad sí: caso por caso, con arraigo efectivo, vinculada al empleo y con garantías y obligaciones que se exigen a todos los ciudadanos, sean nacionales o no. Ni más ni menos”.
Igualmente, el eurodiputado del Partido Popular y ex ministro Juan Ignacio Zoido cargó contra lo que calificó como “la enésima cortina de humo de un gobierno corrupto y moribundo”. Criticó que el plan “apenas exige cinco meses de permanencia en España, un periodo de tiempo en el que difícilmente se puede hablar de arraigo ni de integración”, y denunció que “basta con una mera ‘declaración responsable’ para determinar que una persona no supone un riesgo de seguridad, sin requerir tan siquiera sus antecedentes penales”.
Asimismo, reprochó al Gobierno que la regularización “se aprobará sin pasar por el Congreso de los Diputados, privando a los representantes democráticos de su capacidad de decidir”. En este sentido, recordó una cita de San Vicente de Paúl para subrayar su postura: “no basta con hacer el bien; además hay que hacerlo bien”.
Zoido alertó de que la iniciativa “envía el mensaje de que saltarse las leyes españolas y europeas es un buen atajo” y de que “no hace falta cumplir con nuestras normas, y que por tanto, todos los inmigrantes irregulares son bienvenidos a Europa”. A su juicio, esta señal “no solamente genera un evidente efecto llamada; también fomenta el negocio de las mafias que trafican con seres humanos”.
“Desde el Partido Popular defendemos un modelo diametralmente opuesto: una política migratoria legal y ordenada; que respeta el Estado de Derecho y respeta a nuestros socios europeos”, concluyó.
