Montserrat pide a la CE estudiar los casos de hostigamiento a periodistas y vulneración de la libertad de prensa en España  

05 NOV, 2025

En una carta a los comisarios

  • Reclama un análisis de la reforma del derecho al secreto de los profesionales de la información y el control discrecional de la publicidad estatal 
  • La intimidación o censura indirecta a periodistas que cumplen su labor de informar sobre asuntos de interés público por parte de miembros del Gobierno español es incompatible con los principios fundamentales del Estado de Derecho” 

Bruselas, 5 de noviembre de 2025.-  La eurodiputada y vicepresidenta del Grupo del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha enviado una carta a los comisarios europeos Michael McGrath y Henna Virkkunen para alertarles sobre el constante hostigamiento y ataques públicos contra periodistas en España, así como sobre la falta de transparencia en la publicidad institucional y las reformas legislativas previstas que pueden afectar directamente a la libertad de prensa.  

En su misiva, Montserrat advierte que miembros del Gobierno español, incluido el ministro de Transportes, Óscar Puente, han señalado y descalificado públicamente a periodistas por informar sobre casos judiciales o políticos sensibles. Entre los ejemplos citados se encuentran David Alandete (ABC), criticado por preguntar al presidente estadounidense sobre la contribución de España a la OTAN; Ketty Garat (The Objective), descalificada personalmente y a su medio; y Elisa Beni, hostigada de manera continuada en redes sociales. 

“Estos casos muestran un patrón preocupante: periodistas señalados, insultados y hostigados públicamente por miembros del Gobierno o de formaciones políticas, lo que genera un entorno de intimidación que amenaza la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a la información”, planteó Montserrat. 

A esta preocupante situación se suma la reciente agresión sufrida por el periodista de El Español, José Ismael Martínez, atacado violentamente por un grupo de radicales abertzales mientras ejercía su labor informativa en la Universidad de Navarra. “Resulta especialmente alarmante que, pese a la gravedad de los hechos y al profundo impacto que este suceso ha generado entre los profesionales de la información, el Gobierno no haya condenado públicamente esta agresión ni expresado su apoyo al periodista atacado. Este silencio institucional no solo ampara implícitamente la violencia contra los medios, sino que además envía un mensaje desalentador a quienes informan desde el terreno sobre cuestiones de interés público”, indica Montserrat. 

Asimismo, Montserrat alerta sobre el anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información, que permitiría a jueces identificar fuentes de información mediante medidas de vigilancia intrusiva, generando preocupación entre periodistas de investigación y tribunales de medios como El Confidencial, El Mundo, La Vanguardia, El Diario.es, El Periódico, The Objective y El Español. Los profesionales advierten que la ley podría amordazar el periodismo de investigación y restringir la publicación de informaciones de interés público. 

La eurodiputada también denuncia que el Plan de Acción por la Democracia, aprobado por el Gobierno en 2024 para combatir la desinformación y mejorar la calidad democrática, ha servido en realidad para centralizar la asignación de publicidad institucional bajo criterios discrecionales. Según Montserrat, esto permite que la administración beneficie a medios afines y perjudique a los críticos, mientras se ocultan los montos adjudicados y no se responde a solicitudes de información, pese a existir leyes de transparencia. 

La carta solicita a la Comisión Europea que realice un seguimiento estrecho de la situación de la libertad de prensa en España, que se asegure de que los poderes públicos respeten la independencia de los medios y que examine la compatibilidad del anteproyecto de ley con los estándares europeos de protección de fuentes y libertad de información. 

Montserrat concluye recordando que la defensa de la libertad de prensa es un pilar fundamental del Estado de Derecho y de la democracia, y que garantizar el ejercicio seguro del periodismo es esencial para la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. 

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