En la Comisión de Peticiones
Este lunes, al mismo tiempo que empieza el juicio en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, tiene lugar en el Parlamento Europeo un debate sobre lo que esta causa ha provocado en el sistema jurídico español.
La Comisión de Peticiones va a analizar si la situación en la que se encuentra Álvaro García Ortiz es una amenaza a la independencia judicial en España ya que está siendo investigado por su papel en la filtración de información sensible de un particular, para intentar desacreditar la reputación de una rival política.
Los peticionarios aseguran que la investigación en curso es preocupante porque las instituciones destinadas a actuar como contrapeso del poder parecen estar influenciadas por los intereses del Gobierno.
Además, según la investigación, durante el proceso, el fiscal general del Estado pudo eliminar pruebas, borrando mensajes y correos electrónicos, algo que indudablemente socava la credibilidad de su oficina y de la propia institución que debería defender la justicia y la transparencia.
La eurodiputada del Partido Popular, Elena Nevado, encargada mañana de intervenir en la Comisión, asegura que estamos ante “una situación que atenta contra la independencia del poder judicial y que erosiona el estado de Derecho en España y también en el resto de Europa”. Una imagen, insiste Elena Nevado que demuestra el “deterioro y la situación que vive la justicia en nuestro país”. Algo, que por cierto, “sería impensable en el resto de Europa pero que en España se ha convertido en algo habitual desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno”.
Por todo esto, piden al Parlamento Europeo que investigue la independencia judicial, supervise y audite las salvaguardias democráticas y proteja los valores democráticos de la UE en España.
Protección urgente
Los peticionarios creen que esta acción es urgente y necesaria, incluso si finalmente las preocupaciones resultaran infundadas.
La democracia depende de la independencia de sus instituciones para equilibrar y controlar el poder de manera efectiva. Cuando estas instituciones se ven comprometidas, los ciudadanos pierden su protección frente a los abusos políticos, el estado de Derecho se sustituye por la impunidad de quienes ostentan el poder y la confianza pública en el gobierno se derrumba.
De esta manera se pide al Parlamento Europeo que actúe con decisión para investigar estos asuntos y que garantice que España siga siendo un referente de los valores democráticos dentro de la Unión Europea.
