En una moción aprobada en la Comisión de Entidades Locales 

• El Grupo Parlamentario Popular exige al Gobierno que deje sin efecto el acuerdo con Cataluña para el traspaso de competencias en la selección, formación, nombramiento y provisión de habilitados nacionales – secretarios, tesoreros e interventores-, que califican como un “atentado a la igualdad territorial”.  
• Así de contundente se muestra el portavoz del PP en la Comisión de Entidades Locales y senador por Huelva, Juan Manuel González, en la defensa de la moción aprobada en dicha Comisión, que reclama otros aspectos recogidos en la Proposición de Ley registrada ayer mismo, tal y como anunció la portavoz del Grupo, Alicia García.
• El senador popular afirma que el traspaso de competencias a Cataluña es “una nueva cesión política de Sánchez para satisfacer a sus socios independentistas que pone en jaque el principio de unidad institucional, rompe la neutralidad que debe regir el acceso a estos cuerpos y erosiona las garantías de legalidad, transparencia y buen gobierno”.
• Así, la iniciativa del PP – aprobada con el voto en contra del PSOE-, pide que dicho acuerdo quede sin efecto, pero también que se cubran las vacantes en las entidades locales de menos de cincuenta mil habitantes, “especialmente en los municipios más pequeños de la España rural”.
• En palabras de Juan Manuel González “fragmentar este cuerpo de funcionarios supone convertir la administración local en terreno abonado para la arbitrariedad y la politización, cuando lo que hace falta es garantizar que cada municipio, grande o pequeño, cuente con los recursos humanos necesarios para asegurar la legalidad y la eficacia”.
• El portavoz del PP en Entidades Locales incide en que el acuerdo con Cataluña “no tiene una motivación administrativa, ni técnica: responde a la lógica política de intercambio de favores de Sánchez, con el único objetivo de seguir aferrado al poder, aunque sea a costa de debilitar las instituciones del Estado”.   
• Recuerda que en 2007 Zapatero cedió parte esas competencias a Cataluña y País Vasco y tuvo que revertirse en 2013, “porque muchas entidades locales se quedaron sin habilitados nacionales, deteriorado gravemente el control económico y jurídico de las mismas”.
• Asegura que desde el PP “no vamos a permitir que se utilice la administración local como moneda de cambio, ni que se debilite la estructura del Estado, o que se trocee la función pública por interés partidista”.
• Asevera que el GPP plantea esta moción en Comisión y ha registrado la Proposición de Ley con un doble objetivo: “Denunciar la falta de diálogo y las imposiciones de Sánchez, y, al mismo tiempo, plantear iniciativas constructivas y una propuesta de país responsable y sólida”.
• “La igualdad entre territorios no se defiende con eslóganes, sino con decisiones que fortalezcan el acceso a los servicios públicos en condiciones de equidad”, matiza.  

FONDOS PARA CONTROLAR LAS COLONIAS FELINAS

• En otro orden, el Senado también aprueba una moción del PP -sin el apoyo del PSOE- para dotar a las administraciones locales de un fondo específico de financiación para la implementación del protocolo CER (captura, esterilización y retorno) en la gestión de las colonias felinas, así como para la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en centros de protección animal, de acuerdo con las exigencias de la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, garantizando de esta forma la suficiencia financiera de las administraciones locales. 
• Durante su intervención, el senador Joaquín Camacho, lamenta que aprobar una ley sin una memoria económica detallada, supone que, en muchas ocasiones, los objetivos marcados en la misma no se lleven a buen puerto de forma eficaz.  “Si, de verdad, creemos en la necesidad de controlar las colonias felinas, se hace indispensable que las administraciones se doten de los presupuestos adecuados para hacer frente a ese objetivo”, explica el senador por Granada. 
• En este punto, Camacho pone el ejemplo de los costes que acarrea al ayuntamiento del que es alcalde, Loja, con 20.000 habitantes. “Unos 300 euros más IVA por la recogida del animal; para el alojamiento, 7 euros diarios, durante el resto de su vida”, a esto añade el coste de vacunas, microchip, alimentación, entre otras. 
• “Una vez más volvemos a la filosofía de los Gobiernos del PSOE: ‘Yo invito y tú pagas’. El Gobierno invita con el impulso de una ley que da nuevas competencias a los ayuntamientos, pero que pagan los ayuntamientos, la parte más débil financieramente”, concluye. 

TASAZO A LA BASURA, OTRO IMPUESTO ENCUBIERTO DE SÁNCHEZ

• En tercer lugar, el Senado da luz verde a otra moción de los populares que pide al Ejecutivo una demora en la aplicación de la Ley de residuos y suelos contaminados en tanto no se establezcan unos criterios claros que sirvan de guía para que todos los ayuntamientos impongan la tasa. 
• La senadora por Cáceres, Mónica Grados, indica que esta normativa es una trasposición de una directiva europea, que en ningún caso obliga, tal y como ha instaurado Pedro Sánchez: “¿Es otro impuesto encubierto de los más de 93 tributos que han subido desde que está al frente un Gobierno supuestamente progresista?”, pregunta. 
• La popular denuncia que, además de vulnerar la autonomía municipal, supondrá un incremento en las tasas de basura al contribuyente de entre 100 y 300 euros. “Una nueva carga fiscal que afectará especialmente a las rentas más bajas, esas que dicen proteger”, incide.