Debate sobre la corrupción en España en Estrasburgo
El pleno del Parlamento Europeo dedicó hoy un debate
monográfico titulado “Salvaguardar el Estado de Derecho en España, garantizando una
fiscalía independiente y autónoma para luchar contra el crimen y la corrupción” en el que
una gran parte de los eurodiputados se mostraron muy preocupados por los nuevos
escándalos — a nivel personal, institucional y político– que acechan al presidente Pedro
Sánchez y que, a su juicio, requieren actuaciones firmes de la Comisión, su dimisión y una
convocatoria electoral.
El Comisario europeo responsable del Estado de Derecho, Michael McGrath, señaló que
este debate muestra la importancia de que haya “salvaguardas institucionales” para
garantizar que los fiscales actúen “sin injerencias y de manera independiente”, pues la
“autonomía es fundamental”. Además, aseguró que en el marco del ciclo del informe sobre
el Estado de Derecho, que se presentará en julio, colaborará “con asociaciones
profesionales y representantes que agrupan a fiscales y jueces, porque desempeñan un
papel fundamental en la promoción del Estado de Derecho y nos aportan una experiencia
valiosa e información crucial”.
La vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat,
recalcó que lo que ocurre en España se llama “corrupción de Estado”, y en cualquier
democracia europea “se pagaría con dimisión y elecciones”. “Pedro Sánchez es el principal
responsable de una “organización criminal” corrupta en España. Es el jefe de una red de
poder, dinero y silencios que implica cargos públicos, ministros… y hasta su propia familia.
Es el mayor escándalo político que ha visto este Parlamento”, lamentó Montserrat.
”Sánchez asaltó su propio partido amañando las elecciones internas; Su número 2 repartía
contratos y Fondos Europeos a cambio de comisiones millonarias; Su ministro de
Transporte seleccionaba prostitutas, las colocaba en empresas públicas, las denigraba y
TODO pagado con dinero público; Su mujer es investigada por tráfico de influencias y
corrupción; Su hermano, procesado por malversación, prevaricación y tráfico de
influencias”, relató.
Montserrat se refirió asimismo a Leire Díez, “una dirigente socialista, “la llamada fontanera”,
que mantenía reuniones clandestinas para desmantelar la unidad policial que investiga la
corrupción de Sánchez”. Y lo más grave: el” Fiscal General, elegido a dedo por Sánchez,
está procesado por el Supremo por filtrar información secreta para destruir a rivales políticos”. Todo esto “se llama corrupción de Estado. Y en cualquier democracia europea
se pagaría con dimisión y elecciones”, recalcó.
Por este motivo, pidió a los socialistas y miembros de la izquierda dejar de “seguir
blanqueando más a este cobarde sin principios”. “Tienen hoy una oportunidad para
repudiarle delante de este Parlamento por tanta indecencia. Si no lo hacen, su silencio les
hará cómplices de esta infamia. Nadie, ni los españoles ni europeos, nos lo merecemos”,
concluyó.
El eurodiputado y presidente de la comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, recordó al
plenario que en septiembre del año pasado, Pedro Sánchez afirmó públicamente que
gobernaría “con o sin el Parlamento”. Además, el Gobierno español “acumula más de cien
derrotas en el Parlamento y no ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del
Estado en los dos últimos años, a pesar de la obligación que le impone taxativamente la
Constitución española”.
En este sentido, destacó diferentes abusos del Estado de Derecho llevados a cabo por el
Gobierno socialista: “El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha batido todos los récords en la
producción de decretos, con más de 150 desde que es presidente. El Decreto Ley se ha
convertido en la fuente ordinaria de producción legislativa”. Recalcó que además Sánchez
es presidente del Gobierno en virtud de un pacto político, por el cual “se comprometió a
conceder la amnistía a los condenados o acusados por sedición y malversación, cuyo apoyo
necesitaba para gobernar”. Eso, sin olvidar, que el Fiscal General del Estado ha sido
procesado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos y sigue en su
puesto.
Zarzalejos hizo referencia también a que “los dos últimos Secretarios de Organización del
PSOE -número dos en la jerarquía del partido- están siendo investigados ante el Tribunal
Supremo por organización criminal y cohecho”. “El Gobierno ha infringido en más de 1.600
ocasiones la ley de Transparencia. El Consejo General del Poder Judicial ha tenido que
salir en defensa de jueces que investigan los casos de corrupción ante los ataques
calumniosos del Gobierno. El hermano del presidente del Gobierno se encuentra procesado
por tráfico de influencias y prevaricación”, enumeró.
El eurodiputado del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, denunció lo que calificó como
“una crisis de una gravedad sin precedentes” provocada por Sánchez. “Necesitaría al
menos una hora para poder enumerar los ataques de Pedro Sánchez contra el Estado de
derecho en España “, vaticinó al inicio de su intervención. El exministro del Interior enumeró
lo que considera algunos de los principales síntomas de esta crisis institucional: “un fiscal
general del Estado procesado por sus injerencias políticas, unos jueces y fiscales abocados
a una huelga histórica ante el asalto que están sufriendo y un Gobierno que persigue a los
jueces que investigan los trapicheos de la familia del presidente”.
También acusó al Partido Socialista de intentar “decapitar a la unidad anticorrupción de la
Guardia Civil que investigaba sus prácticas mafiosas”, en un contexto, dijo, marcado por
“una escandalosa trama de mordidas y sobornos de los máximos dirigentes socialistas”.
“España está llegando al límite. Las costuras institucionales de nuestro país están a punto
de reventar”, advirtió Zoido, quien pidió a las instituciones europeas que actúen: “Es hora
de poner pie en pared frente a la corrupción y la degradación institucional de Sánchez. Las
instituciones europeas no pueden seguir tolerando la corrupción económica, institucional y
moral del PSOE”, concluyó.
Preocupación entre los eurodiputados europeos
Por su parte, el eurodiputado sueco Tomas Tobé, del EPP, denunció un “grave problema
con el Estado de derecho en España” y exigió responsabilidades al presidente, a quien ha
acusado de “corrupción, abuso de poder y debilitamiento de las instituciones”. “El escándalo
de corrupción que no deja de crecer y que está vinculado al Presidente del Gobierno
español, a sus familiares, a su partido y a su gobierno es, hablando con franqueza,
inaceptable”, al tiempo que rechazó “los ataques a la prensa libre, a los cuerpos de
seguridad, y a los jueces y fiscales que están investigando estos escándalos”.
Tobé subrayó que “el Estado de derecho no es opcional. No se aplica solo a determinados
casos o a determinados Estados miembros. Es la base de la democracia. ¡Y tenemos el
deber de defenderlo en toda Europa!”.
El eurodiputado sueco afirmó que “el pueblo de España merece más que una disculpa”, y
reclamó “un compromiso serio para erradicar la corrupción —en los más altos niveles del
gobierno— y una rendición de cuentas real”. “Porque en una democracia, nadie está por
encima de la ley. Y cuando se rompe la confianza pública, solo hay un camino posible. Lo
que está haciendo el señor Sánchez no es propio de una democracia europea. Si algo así
ocurriera en mi país, el Primer Ministro dimitiría y convocaría elecciones”, sentenció.
La eurodiputada alemana Lena Düpont (PPE) criticó que el Ejecutivo de Sánchez está
“vendiendo la amnistía como un instrumento político” mientras somete a “una enorme
presión al poder judicial”. En este contexto, denunció que las asociaciones judiciales están
protestando, e incluso los jueces han planteado una huelga histórica como respuesta. “En
lugar de rendir cuentas, el Gobierno se enfrenta a miles de ciudadanos que exigen
responsabilidad, pero lo que hace es atacar a los líderes de la oposición”, afirmó.
Ante ello, Düpont hizo un llamamiento: “Esto no solo exige medidas dentro de España,
también necesitamos actuar desde esta Cámara y desde la Comisión Europea”.
Por su parte, el eurodiputado rumano Siegfried Mureșan (PPE) ha advertido de los riesgos
que supone para España la actual deriva institucional para los fondos europeos. “Desde el
Parlamento Europeo queremos que los ciudadanos españoles sigan recibiendo estos
fondos”, recordando que España es uno de los principales beneficiarios del presupuesto
comunitario. Sin embargo, alertó: “Las acciones deliberadas del presidente del Gobierno
contra el Estado de derecho están poniendo en riesgo que España continúe recibiendo
fondos europeos”.
“Más temprano que tarde, la Comisión se verá obligada a plantearse esta cuestión”, afirmó,
aludiendo a los mecanismos de condicionalidad ligados al respeto del Estado de derecho.
“No queremos que esto ocurra. Queremos que España aproveche al máximo todo lo que Europa puede ofrecerle. Pero son las acciones de su Gobierno las que están poniendo todo
eso en peligro”.
“El sistema judicial debe ser independiente, y si los allegados del primer ministro violan la
ley, su obligación no es protegerlos, sino defender el Estado de derecho. El entorno del
presidente del Gobierno está implicado en graves casos de corrupción y abuso de fondos
públicos”, denunció, advirtiendo de que esta situación “debería preocupar a todas las
instituciones europeas”. Recordó que “quienes reciben fondos europeos tienen también el
deber de defender los valores europeos”. Mureșan concluyó con un mensaje claro: “España
merece algo mejor. Y su pueblo, también”
El eurodiputado polaco Michal Wawrykiewicz, acusó a Sánchez de desmantelar el Estado
de derecho desde dentro y de utilizar la justicia como herramienta política. “La ley no solo
está siendo erosionada, sino desmantelada desde dentro, porque se trata del propio primer
ministro. El señor Sánchez tiene como mano derecha a un dirigente implicado en un caso
de corrupción, mientras que su propia esposa y su hermano están siendo investigados”.
Frente a estos escándalos, lamentó que la respuesta del Gobierno español haya sido
“lanzar campañas de difamación contra los fiscales, declarar que los jueces son la
verdadera oposición, aprobar leyes retroactivas para proteger a los suyos y convertir la
justicia en una herramienta política”.
“Esto no es un gobierno, es un abuso sistemático de las instituciones para fines personales
y políticos”, sentenció Wawrykiewicz. “La Unión Europea no puede seguir siendo ingenua.
Cuando un gobierno instrumentaliza la justicia, compromete sus propios tribunales y redacta
leyes para encubrir responsabilidades, deja de ser apto para liderar una nación
democrática”. “España merece algo mejor. Europa exige algo mejor”, concluyó el
eurodiputado.
El portugués Sebastião Bugalho destacó los valores compartidos entre ambos países,
pero subrayó que “lo que distingue nuestro papel en Europa es que nos preocupamos no
solo por nosotros mismos, sino también por quienes nos rodean. Y eso es lo que está en
juego con la crisis democrática en España”. Denunció la Ley de Amnistía española y criticó
la negativa del presidente del Gobierno a convocar elecciones anticipadas, además del
impacto que este gobierno tiene sobre la independencia judicial.
“Esto no es solo una amenaza para la democracia española, es una tragedia en el corazón
de la Unión Europea”, afirmó Bugalho, recordando que “el respeto al Estado de derecho es
el primer criterio para formar parte de la UE. Es la esencia misma de esta Unión y el ejemplo
que debemos dar al exterior”.
En la misma línea, David Casas, dijo no entender “la verdadera razón por la que los
socialistas en este Parlamento defienden a políticos corruptos”. Recordó el caso de Joseph
Muscat, ex primer ministro de Malta, que tuvo que pedir disculpas públicas y enfrentó
protestas masivas en las calles de Malta que lo obligaron a dimitir. “Hoy Joseph Muscat ya
no es primer ministro de Malta. Sánchez debería hacer lo mismo. La corrupción es
inaceptable”, afirmó.
“La corrupción mata. La corrupción fue lo que mató, sin duda, a Caruana Galizia”. Hizo un
llamamiento a los ciudadanos españoles: “Pido a los ciudadanos que sigan protestando en
las calles para que Sánchez se vea obligado a dimitir”.
Un gobierno de autoprotección
La eurodiputada portuguesa del Partido Popular Europeo (EPP) Ana de Pedro lanzó
igualmente duras críticas contra el Gobierno español, acusándolo de estar inmerso en un
sistema de corrupción y autoprotección. “¿Cuántos escándalos caben en un solo Gobierno
antes de dejar de ser un Gobierno y convertirse simplemente en un mecanismo de
autoprotección?”, se preguntó la parlamentaria.
De Pedro destacó que “cuando jueces, fiscales, el Consejo General del Poder Judicial y el
propio Tribunal Supremo alzan la voz, no se trata de un formalismo institucional”. “El Estado
de Derecho, señorías, no se negocia, no se adapta a los caprichos de quienes están en el
poder”, agregó.
En su intervención, la eurodiputada afirmó que “en España, Sánchez ya no gobierna. Dirige
una organización de poder, un esquema de supervivencia, donde la lealtad se compra con
amnistías y el silencio se recompensa con impunidad. No es un Gobierno, es una captura”.
Además, subrayó que “España se ha convertido en un teatro donde la corrupción no se
niega, se relativiza. El delito no se comete, se interpreta. Y el Estado de Derecho —ese
viejo pilar de la democracia europea— ya no es más que un adorno institucional, decorativo,
vacío”.
Respecto a la situación democrática, Ana de Pedro indicó que “la democracia espera.
Suspendida, como quien observa —con cierta vergüenza— que nadie se atreve a poner fin
a la farsa. Porque los españoles lo saben: la justicia no se amnistía. Y mucho menos la
impunidad”.
Finalmente, advirtió que “cuando la justicia es manipulada desde dentro, deja de ser un
asunto interno de España para convertirse en una crisis europea”. Concluyó con una frase
contundente: “Señorías, de aquel famoso ‘club del Peugeot’ solo queda un nombre por caer:
el propio Sánchez”.
El eurodiputado búlgaro Andrey Kovatchev, fue directo: “Lo que piden los españoles es
que dimita este Gobierno, elecciones rápidas y volver al orden democrático cuanto antes
sea posible”, afirmó Kovatchev. “La justicia tiene que ser universal y todos somos iguales
ante la ley. Los fiscales deben ser independientes, los jueces libres y sin presión política”.
Kovatchev también lanzó un mensaje a la Comisión Europea: “Señor Comisario, la
Comisión Europea debe escuchar a los miles de españoles que exigen respeto al Estado
de derecho”. “El señor Sánchez debe actuar como el primer ministro de Portugal, António
Costa, que dimitió y abrió camino a nuevas elecciones en su país”, remachó. Para concluir,
expresó su esperanza por el futuro de España: “Espero lo mejor para España, mucho éxito.
¡Viva España!”.
El diputado holandés Dirk Gotnik advirtió que la Unión Europea ha ignorado durante
demasiado tiempo el deterioro del Estado de Derecho en España. Gotnik subrayó que es
la primera vez en la historia de la UE que el fiscal general utiliza la justicia para dañar a la
oposición y filtrar información con el objetivo de mantenerse en el poder. “El presidente
Sánchez está minando deliberadamente los fundamentos de las democracias liberales,
atacando la separación de poderes y la independencia judicial”, afirmó Gotnik. “Esto no es
un error judicial, sino una estrategia consciente para debilitar el sistema judicial”, añadió.
El eurodiputado destacó que, aunque Sánchez se presenta como un líder proeuropeo y
progresista, en realidad representa una amenaza al Estado de Derecho. “En lugar de
confrontar estos problemas, Sánchez responde con sonrisas y selfies en las instituciones
europeas, mientras la democracia española se encuentra en decadencia”, denunció.
Gotnik pidió a la Comisión Europea que no caiga en la apariencia superficial de normalidad
y que trate esta situación con la misma gravedad que otras violaciones al Estado de
Derecho en la UE. “No puede haber doble rasero en la defensa de los valores
fundamentales de la Unión Europea”, concluyó
