En la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes
La diputada del GPP, Sandra Moneo, asegura que España necesita una
reforma y un cambio de legislación para que las familias con hijos que tengan
necesidades educativas asociadas a una discapacidad sean “escolarizados
en una opción de máxima calidad y cuyo nivel de formación e integración esté
fuera de toda duda”
“Solicitamos que la edad de permanencia en un centro de educación especial
se sitúe como mínimo en 21 años y que lo que ahora es una excepción se
convierta en derechos. Así lo han hecho Madrid, Galicia y Castilla y León”,
sentencia
“Consideramos que un sistema que no da las mismas oportunidades a todos
los alumnos es un sistema discriminatorio y el actual sistema lo es “así la Ley
garantizará no solo la libertad sino la equidad y la igualdad”, afirma
Cree que lo que ahora es una excepción tiene que ser recogido por la ley y
convertirse en derecho. “El Gobierno y sus socios siguen con la cantinela de
centros de educación especial como centros de referencia”, explica, al tiempo
que pregunta ¿por qué y para quién”, para convertirlos en centros
asistenciales en vez de educativos
El diputado del GPP, Nacho Martín, exige al Ejecutivo que, en coordinación
con las CCAA, establezca un plan integral para dar respuesta a las
inquietudes de los profesores en materia de salud mental, “que no se están
abordando con la diligencia que debieran ser abordados”
Califica de “lamentable” que en nuestro país no se hable de este asunto
puesto que es un aspecto especialmente preocupante, “un problema
silencioso del que apenas se habla en nuestro debate público”
Expone que un 39% de nuestros profesores sufre problemas de ansiedad o
psicológicos derivados de su trabajo en las aulas. “Es deber moral del
Gobierno y de las Administraciones Públicas cuidar la salud mental del
cuerpo docente, fundamental para el desarrollo de nuestros hijos y de la
sociedad”, añade
“Desde las familias y las AAPP debemos fomentar ese reconocimiento del
principio de autoridad de los profesores como autoridades y referentes
morales e intelectuales de nuestros hijos”, concluye
Lamentablemente la iniciativa del Grupo Popular que ha defendido el
portavoz de Deportes, Javier Merino, no ha quedado aprobada ya que el
PSOE y Vox han votado en contra. En ella exigía al Gobierno la convocatoria
de la Conferencia Sectorial del Deporte que “lleva sin celebrarse desde el año
2023 y que el Ejecutivo tiene la obligación de reunirla, al menos, una vez al
año”
Explica que uno de los fines de esta Conferencia es “cohesionar al país en
materia de deporte y la cooperación y colaboración entre la Administración
General del Estado, las CCAA y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
y las EELL en esta materia
“Estamos hablando de algo básico que es la organización territorial de la
competencia deportiva que está, en gran medida, delegada a las CCAA y
donde el Estado guarda algunas competencias fundamentales”, remarca, al
tiempo que insta al Gobierno, “a reformar el reglamento para que se pueden
celebrar dos reuniones al año, donde las CCAA y la Administración General
del Estado, en este caso el Consejo Superior de Deportes, puedan verse las
caras al menos una vez por semestre”
