El PP exige al Gobierno una hoja de ruta para la modernización y desarrollo de las redes de distribución eléctrica en España 

A través de una moción del GPP, aprobada en la Comisión de Transición Ecológica, con el voto en contra del PSOE  

• La senadora del PP, Teresa Malllada, exige al Gobierno la elaboración de “una hoja de ruta para la modernización de la planificación en la red de transporte eléctrico y del desarrollo de las redes de distribución en España”. 
• “Nuestra propuesta es muy seria y plantea esta hoja de de ruta con 18 actuaciones que son necesarias para mejorar nuestro sistema eléctrico”, señala Mallada, quien denuncia que “el Gobierno no ponga los medios necesarios para que la red eléctrica de España crezca, se expanda y se digitalice, evidencia que su manera de gobernar se ciñe a poner en un papel pretensiones que no piensa cumplir”.  
• Recuerda que esta moción ya ha sido registrada hace unos meses y, “por desgracia, y debido a la ineficacia del Ministerio de Transición Ecológica, sigue de plena actualidad, especialmente, después del apagón eléctrico del que seguimos sin conocer oficialmente las causas que lo provocaron”.  
• Expone que el sector eléctrico de nuestro país lleva meses advirtiendo al Gobierno de que las actuales redes eléctricas y los actuales puntos de conexión “no son suficientes ni para las necesidades que han surgido con la nueva potencia renovable a instalar, ni para la nueva demanda fruto de la electrificación de la industria, ni para las nuevas actividades como los centros de datos”, recalca la senadora del PP.  
• Teresa Mallada pone de manifiesto que han pasado ya 8 meses desde que se aprobó la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, “y el desfase entre objetivos y medidas reales para alcanzarlos es más que evidente”.  
• Así, remarca que el ritmo de inversión en redes eléctricas es “absolutamente insuficiente” y la capacidad de las redes eléctricas para absorber, no sólo la generación renovable que plantea el Gobierno si no, la electrificación industrial y las demandas emergentes, como el almacenamiento energético, la recarga de vehículos eléctricos, o los centros de datos, “es muy débil”. 
• “Son muchos los problemas de acceso y conexión a la red, porque se tramitación es lenta y limitada; la movilidad eléctrica está muy rezagada respecto a la UE, con infraestructuras de recarga insuficientes; y las infraestructuras de interconexión internacional (con Francia y Portugal) son lentas, caras y están sujetas a riesgos de retrasos”, advierte. 
• Igualmente, destaca que “la inversión en redes está desfasada”, ya que para cumplir con los objetivos de la revisión del PNIEC “se necesitaría una inversión de 5.631 millones €/año, y con los actuales límites legales, las inversiones medias entre 2023 y 2030 podrían ser, como máximo, de unos de 2.700 millones €/año”.  
• Además, denuncia que hay un evidente desequilibrio territorial en la asignación de fondos y proyectos y recuerda que en la modificación puntual al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica en el horizonte 2026, dejaron absolutamente al margen a CCAA como Andalucía y Madrid. 
• Mallada recalca que hay un “desarrollo insuficiente de almacenamiento energético”, que es “absolutamente necesario” para poder contar con energías renovables que puedan aprovecharse eficientemente. 
• Para terminar, Teresa Mallada afirma que es evidente que “el sistema eléctrico español necesita una apuesta segura, coherente y comprometida que evite la ralentización de las inversiones y el riesgo de fuga de éstas a otros países en los que se consigue el acceso a la red de manera mucho más fácil, lo que pone en riesgo el crecimiento de la industria y, por tanto, de la economía del país”. 

Adjuntamos el texto de la moción del GPP con las 18 medidas de la hoja de ruta que propone

La Comisión de Transición Ecológica insta al Gobierno a la elaboración, en el plazo máximo de tres meses, de una Hoja de Ruta para la modernización de la planificación en la Red de Transporte Eléctrico y del desarrollo de las redes de distribución en España, que contenga, al menos, las siguientes medidas: 

1. La modificación de los actuales límites legales a la inversión en transporte y distribución eléctrica, elevando los porcentajes máximos sobre PIB de forma que pueda triplicarse el nivel actual de inversión para atender las nuevas necesidades que surgirán de la revisión del PNIEC 2023-2030.  
2. El establecimiento de cauces de participación efectivos de los administrados ante el organismo regulador CNMC para que éste pueda determinar qué peticiones han de ser consideradas prioritarias y estratégicas e incluir en la Planificación quinquenal, considerando el conjunto del sistema energético y la economía nacional, y la retribución asignada a la inversión destinada a cubrir dichas necesidades.  
3. El establecimiento de las medidas para que los procesos de inspección sobre dichas inversiones sean definidos exante, más transparentes, no discriminatorios y ajustados a la realidad de cada proyecto, teniendo en cuenta su naturaleza plurianual.  
4. El diseño de procedimientos de adjudicación y gestión de la escasez de capacidad en el corto plazo, que consideren entre los criterios de adjudicación el volumen de la inversión industrial, el grado de madurez y viabilidad técnicoeconómica del proyecto y la generación de empleo local y nacional que producirá el proyecto y su cadena de suministro vinculada. 
5. La inclusión de nuevas modificaciones en la planificación de la red de transporte y distribución a fin de anticipar la normativa española al acuerdo de reforma de mercado de electricidad alcanzado en Europa, para incentivar la inversión anticipada en las redes, que den respuesta a las necesidades de los proyectos industriales intensivos en energía cuya viabilidad y competitividad dependen de la conexión eléctrica.  
6. La adopción de las medidas necesarias para que se aceleren los plazos de tramitación y ejecución de estas infraestructuras, con el fin de que la puesta en marcha de los proyectos industriales no se vea retrasada por la falta de la interconexión eléctrica.  
7. La reforma de la Ley del Sector Eléctrico para introducir modificaciones de una manera ágil y sencilla en la planificación de la red de transporte y distribución para dar respuesta a las necesidades de conexión de proyectos industriales que tengan una calificación de prioritarios o estratégicos por un gobierno autonómico o por el Gobierno central.  
8. El diseño de procedimientos de modificación de la Planificación quinquenal del Desarrollo de la Red de Transporte, de forma que sea posible una planificación más dinámica, flexible y ajustada a las oportunidades de atraer inversión industrial y al más eficiente despliegue de energías renovables, para disminuir vertidos, incluyendo la posibilidad de que el gestor de la red de transporte o de la red de distribución pueda emitir certificaciones vinculantes sobre concesión futura de acceso y conexión.  
9. La modificación de la Orden TED/1375/2023, de 21 de diciembre, por la que se inicia el procedimiento para efectuar propuestas de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, de forma que en los Principios rectores de la Planificación de la red de transporte de electricidad 2025- 2030, se incluya de forma prioritaria la demanda eléctrica, en especial de procesos industriales y nuevos modelos de negocio, y estableciendo los mecanismos necesarios para reservar un porcentaje en términos económicos de la planificación para atender las modificaciones puntuales de planificación de forma activa que den respuesta a proyectos maduros, generadores de demanda. 
10. Las modificaciones normativas necesarias para integrar el almacenamiento y las soluciones de hibridación, sobrepotenciación y repotenciación para un aprovechamiento más eficiente de las actuales y futuras capacidades de la red. 
11. La reformulación de las obligaciones exigidas a la demanda, especialmente a la electrointensiva, manteniendo las exenciones vigentes en peajes y ampliándolas a los avales exigidos en los futuros concursos de capacidad para la demanda.  
12. La eliminación de las restricciones y obligaciones adicionales que se imponen a la demanda en su acceso y conexión a las redes y que resultan asimétricas en relación con las existentes para los generadores.  
13. La elaboración de un calendario que dé previsibilidad a los futuros concursos de capacidad para la demanda.  
14. La ampliación de los programas que permitan una mayor digitalización de las redes de distribución, a fin de incrementar el aprovechamiento del autoconsumo, la gestión de la demanda, la eficiencia energética y los sistemas de recarga bidireccional “vehicule to grid” (V2G) para el vehículo eléctrico.  
15. La racionalización de las ayudas para infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico y vehículos de hidrógeno, que permitan enfocarlas en el cumplimiento de los requisitos de la Directiva comunitaria sobre distancia mínima entre instalaciones.  
16. La elaboración de un Libro Blanco sobre Energía e Industria, que quedó pendiente de la legislatura anterior, que incluya un análisis de los impactos en la industria como consecuencia de las reformas regulatorias en energía desde el 1 de enero de 2020 a la actualidad y, especialmente, de las necesidades de red de la demanda y las medidas que se recomiendan para que puedan ser cubiertas sin pérdida de proyectos industriales por falta de capacidad de acceso y conexión. 
17. La reforma de la normativa energética y del diseño de los PERTES cuyos proyectos precisen de derecho de acceso y conexión a la red de transporte eléctrico, a fin de facilitar su priorización en la adjudicación de capacidad, así como una mayor agilidad del desembolso de las ayudas con fondos Next Generation, que podrán contribuir a la inversión necesaria para desarrollar su acceso y conexión a la red.  
18. El desarrollo de mecanismos de co-gobernanza real con las Comunidades Autónomas para el adecuado cumplimiento de las medidas anteriores, estableciendo criterios de inversión en redes para cada Comunidad Autónoma, de forma desagregada para nueva generación y para nueva demanda, que considere prioritariamente el volumen de inversión industrial y empleo a generar y equitativamente, peso poblacional, relación de proyectos de nueva demanda en la Comunidad Autónoma respecto al total nacional y relación de proyectos de nueva generación respecto al total nacional.