La senadora del PP, María Jesús Bonilla, exige a Ángel Luis Ortiz que
explique, “si ejerció de confidente del entorno de la banda terrorista ETA
entre principios de 2019 y mediados del 21”, en relación a las
negociaciones destapadas por un medio de comunicación entre el
entorno de ETA y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias,
para tratar de favorecer a los presos etarras.
Bonilla se ha expresado así, en la Comisión de Interior del Senado, en
la comparecencia a petición del PP, del secretario general de
Instituciones Penitenciarias, Angel Luis Ortiz, para explicar sus
comunicaciones con EH Bildu respecto a la política penitenciaria con
los presos de la banda terrorista ETA.
Le recuerda que, según estas informaciones, los interlocutores de Bildu
se referían al jefe de prisiones como “el de Madrid”; y le pregunta: “¿Es
usted ‘el de Madrid’? ¿Recibía instrucciones? ¿De quién?
Bonilla explica que, a través de los medios de comunicación, hemos
visto como “a la izquierda abertzale no se le escapa un detalle sobre
los presos de ETA; recibía información puntual de las decisiones que
les afectaban. Y no de uno cualquiera, sino del secretario general de
instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz”.
Bonilla recalca que como se ha publicado, los investigadores no identifican a Ortiz, “pero los documentos en poder del Juzgado Central
de Instrucción n 6 de la Audiencia Nacional apuntan directamente a él
porque su nombre aparece de forma íntegra en las comunicaciones,
según ha tenido acceso un medio de comunicación”.
“Mensajes de texto, audios y correos electrónicos en los que daba
cuenta de forma periódica sobre acercamientos, progresiones de grado
de los presos etarras y hasta de estrategia procesal de algunas víctimas
de ETA”, recuerda la información publicada en la que se asegura que
la operación Kubati destapó negociaciones entre el entorno de ETA y
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para tratar de
favorecer a los presos etarras”.
Según se ha publicado, no eran sólo conversaciones telefónicas,
también existían encuentros físicos, según advierten los informes
policiales incluidos en el sumario que instruye el juez Manuel GarcíaCastellón. “¿Dónde se reunían? ¿Con qué frecuencia? ¿Quiénes
asistían a esas reuniones y cuantas se celebraron? ¿Cuáles fueron el
contenido exacto de esas reuniones?”, incide Bonilla.
ES URGENTE QUE SE ADOPTEN MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS FUNCIONARIO DE PRISIONES
En otro punto de su intervención, Bonilla segura que los funcionarios
de prisiones denuncian, “la desprotección que padece el colectivo ante
las numerosas agresiones producidas por parte de los internos y
solicitan modernizar los medios coercitivos”.
“Desde el GPP consideramos que el marco de estructuración y
organización de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias es
deficiente”, denuncia.
“Es urgente que se adopten medidas imprescindibles para este
colectivo, como que se recoja en una ley específica el protocolo de
salud y prevención de riesgos laborales para garantizar su protección”,
asegura.
Pone de manifiesto que es “imprescindible y urgente establecer
iniciativas eficaces para la prevención y actuación ante las agresiones
que sufren los funcionarios en su interacción con los internos, en el
desempeño de su puesto de trabajo”. “La solución pasa por nombrarlos
agentes de la autoridad, en aras a la defensa y la seguridad jurídica de
los empleados”, apostilla.
Aquí recuerda que, en el Senado se aprobó este mes de mayo, una Proposición de Ley Orgánica para el reconocimiento del carácter de
agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en
el ejercicio de sus funciones, que fue remitida por el Senado “y que está
en el Congreso parada”.
Igualmente, señala que es “esencial trabajar por su equiparación
salarial” con otros colectivos de funcionarios de prisiones autonómicos,
en cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que
establece que a igual trabajo igual salario.
